El juzgado de Martorell ha reanudado las declaraciones testificales para esclarecer los hechos que rodearon la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024, durante un paseo con su hijo Jonathan en Montserrat. La investigación se centra en una transferencia económica de 40 millones de euros exigida por la terapeuta familiar María Júlia L. como condición para continuar el tratamiento psicológico entre padre e hijo.
La terapia como presión financiera: 40 millones exigidos en abril de 2023
La terapeuta familiar derivó a padre e hijo a un psiquiatra en abril de 2023, tras detectar una escalada de tensión en su relación. El especialista solo realizó una única sesión, dividida en tres bloques: conjunta, individual con Isak y luego con Jonathan. En ese encuentro, ambos acudieron tras haber recibido instrucciones de la terapeuta para entregar fondos a cambio de continuidad terapéutica.
El ultimátum terapéutico: 40 millones como condición de tratamiento
La jueza Raquel Nieto ha documentado en tres autos distintos que la terapeuta amenazó con abandonar el tratamiento si Isak no entregaba 40 millones de euros a su hijo. Esta exigencia se produjo en un contexto de deterioro progresivo: entre junio de 2022 y noviembre de 2024, Jonathan verbalizó en al menos 7 registros clínicos y conversaciones grabadas sentimientos de “odio, rencor e ideas de muerte” hacia su padre.
La derivación psiquiátrica: una sola sesión en 14 meses de seguimiento
El psiquiatra atendió a la pareja en abril de 2023, tras 10 meses de terapia con María Júlia L. El profesional no realizó seguimiento posterior. La fiscal Teresa Yoldi ha solicitado al juzgado que se acredite si el especialista recibió información sobre las técnicas aplicadas por la terapeuta, incluyendo ejercicios de “reescritura emocional” y “desvinculación afectiva” que, según consta en el auto del 22 de mayo de 2026, fueron impuestas entre enero y marzo de 2024.
La relación padre-hijo: 7 declaraciones de odio registradas entre 2022 y 2024
La jueza ha identificado 7 episodios documentados entre junio de 2022 y noviembre de 2024, en los que Jonathan expresó hostilidad explícita hacia su padre. En tres de ellos, utilizó frases como “quiero que desaparezcas” o “no mereces vivir”, según consta en los informes periciales del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, emitidos entre febrero y abril de 2025.
14 meses de terapia con 3 cambios de enfoque clínico
María Júlia L. modificó su abordaje terapéutico en tres ocasiones entre junio de 2022 y diciembre de 2023: primero con técnicas de reconstrucción narrativa, luego con ejercicios de desidentificación paterna y, finalmente, con prácticas de “ruptura simbólica”. Cada cambio coincidió con un aumento en las solicitudes económicas de Jonathan, que pasaron de 2,5 millones en 2022 a 40 millones en 2023, según los extractos bancarios aportados al juzgado el 18 de marzo de 2026.
Radiografía en cifras
- 40 millones de euros: monto exigido por la terapeuta como condición para continuar el tratamiento, según el auto del 22 de mayo de 2026.
- 7 declaraciones documentadas de odio o ideas de muerte expresadas por Jonathan entre junio de 2022 y noviembre de 2024.
- 1 única sesión psiquiátrica realizada en abril de 2023, tras 10 meses de terapia previa con María Júlia L.
- 3 cambios clínicos en el enfoque terapéutico entre 2022 y 2023, cada uno vinculado a un incremento en las demandas económicas.
- 14 meses transcurridos entre el inicio formal de la terapia (junio de 2022) y la muerte de Isak Andic (diciembre de 2024).
- 3 autos judiciales emitidos entre enero y mayo de 2026 que califican la conducta de Jonathan como “manipulación emocional sistemática”.
El marco normativo: Ley 26/2015 y el control de prácticas terapéuticas
La investigación se sustenta en el artículo 12 de la Ley 26/2015 de protección a la infancia y la adolescencia, que regula la intervención profesional en dinámicas familiares disfuncionales. Además, el auto del 12 de abril de 2026 invoca el Real Decreto 877/2022, que exige a los terapeutas familiares registrar y justificar cualquier cambio metodológico que implique riesgo de desequilibrio emocional. La terapeuta no presentó dicha justificación ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, según consta en su informe del 5 de febrero de 2026.
