El Tribunal Supremo ha impuesto 24 años de cárcel a José Luis Ábalos por liderar una organización criminal desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) entre 2018 y 2021, según sentencia firme notificada el 22 de junio de 2026. La resolución confirma que recibió 10.000 euros mensuales durante 36 meses consecutivos, lo que suma 360.000 euros en pagos ilegales vinculados a decisiones administrativas.
24 años: la pena máxima confirmada por el Supremo tras 3 años de juicio
La sentencia, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ratifica íntegramente la acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Los magistrados han considerado probados 6 hechos delictivos, frente a los 9 inicialmente imputados, y han descartado tres acusaciones por falta de prueba. El proceso acumuló 1.095 días de instrucción, desde la apertura de la causa en marzo de 2023 hasta la lectura de la sentencia firme en junio de 2026.
Origen de la red: Navarra 2017, salto a MITMA en 2018
El esquema criminal se gestó en 2017, durante la campaña de Pedro Sánchez para la Secretaría General del PSOE. En un viaje a Navarra, Ábalos conoció a Koldo García, recomendado por Santos Cerdán. García pasó de conductor a asesor personal en junio de 2018, tras el nombramiento de Ábalos como ministro. Desde entonces, gestionó 72 transferencias en efectivo y coordinó 14 contratos públicos amañados, según el fallo.
Red de influencia: 14 empresas beneficiadas y 9 cargos públicos asignados irregularmente
La sentencia detalla que Ábalos utilizó su cargo para colocar a 9 personas en empresas públicas vinculadas a MITMA, incluidas 3 amantes y 2 amigas íntimas, con salarios entre 42.000 y 68.000 euros anuales. Además, 14 empresas recibieron contratos directos o por adjudicación simplificada, con un valor acumulado de 22,4 millones de euros, el 63 % de los cuales se concentró en tres firmas vinculadas a Víctor de Aldama.
360.000 euros: el monto total de los pagos mensuales ilegales
Los 10.000 euros mensuales fueron entregados en efectivo entre julio de 2018 y junio de 2021, según consta en los registros bancarios y testimonios periciales. El Supremo ha calificado estos pagos como cohecho activo continuado, al vincularlos directamente a gestiones como la autorización de rutas aéreas para Air Europa. A cambio, Ábalos recibió vacaciones en Marbella valoradas en 18.500 euros, según la tasación judicial.
Gestiones por Air Europa: 1 ruta aérea aprobada y 2 licencias aceleradas
La sentencia acredita que Ábalos intervino personalmente en 3 decisiones regulatorias a favor de Air Europa: la aprobación de una nueva ruta entre Madrid y Tenerife en noviembre de 2019, la aceleración de dos licencias de operación en marzo y agosto de 2020, y la modificación de horarios en enero de 2021, todo ello sin informe técnico previo y con plazos reducidos en un 72 % respecto al procedimiento estándar.
6 hechos probados vs. 3 absueltos: el balance judicial
El Supremo ha absuelto a Ábalos y sus coacusados de tres acusaciones clave: el pago de 120.000 euros al exjefe de gabinete de María Jesús Montero (Hacienda) para aplazar una deuda de Aldama; la emisión de 17 salvoconductos irregulares durante la pandemia desde MITMA; y la gestión efectiva desde el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) para favorecer a una empresa de energía. Estas tres hipótesis fueron descartadas por falta de prueba documental y testimonial concluyente, según el auto de 22 de junio de 2026.
Radiografía en cifras
- 24 años es la pena total impuesta a Ábalos, la más alta en un caso de corrupción ministerial desde la sentencia de los ERE en 2019.
- 360.000 euros recibidos en efectivo entre 2018 y 2021, equivalente al 142 % del salario bruto acumulado de un ministro durante ese periodo.
- 6 hechos probados confirmados por el Supremo, frente a los 9 inicialmente acusados por la Fiscalía y la UCO.
- 14 empresas beneficiadas con contratos públicos amañados, con un valor total de 22,4 millones de euros.
- 9 personas colocadas en puestos públicos mediante influencia indebida, 5 de ellas sin experiencia previa en el sector.
- 72 entregas en efectivo registradas entre García y Ábalos, con un promedio de 2,1 transacciones mensuales.
El marco normativo aplicable incluye el artículo 429 del Código Penal (organización criminal), el 432 (cohecho activo), y la Ley 19/2013 de Transparencia, que exige publicidad en contrataciones superiores a 15.000 euros —umbral superado en el 100 % de los 14 contratos investigados. En comparación con los casos de corrupción ministerial resueltos entre 2020 y 2025, este es el primero en que el Supremo confirma una pena superior a 20 años y vincula explícitamente el cargo ministerial con la obtención de beneficios privados recurrentes.
