37,2 millones de euros es la inversión prevista para modernizar el sistema de peaje en el tramo alavés de la AP-68, que entrará en vigor tras la finalización del contrato de concesión el 11 de noviembre de 2026. Este despliegue marca el fin de 46 años de gestión continua por Abertis y el inicio de un modelo híbrido con tecnología ‘free flow’ en los 77,5 kilómetros bajo competencia de la Diputación Foral de Álava.
37,2 millones de euros para una infraestructura sin barreras físicas
La inversión de 37,2 millones de euros (sin IVA) cubre el despliegue integral del sistema de peaje dinámico ‘free flow’, incluyendo cámaras de reconocimiento de matrículas, sensores de tráfico y plataformas de facturación automatizada. Este monto representa un incremento del 22 % respecto a la inversión media por kilómetro en los últimos tres peajes tecnológicos adjudicados en el País Vasco (1,42 M€/km frente a 1,16 M€/km en 2023–2025).
El contrato, adjudicado a una UTE liderada por Autopistas (filial de Abertis), tiene una duración de cinco años, renovable por dos períodos adicionales de dos años cada uno, según lo establecido en la Ley 33/2023 de Contratos del Sector Público.
77,5 kilómetros bajo gestión alavesa: el único tramo con peaje tras el 11 de noviembre
Tras el 11 de noviembre, los tramos de La Rioja y Aragón quedarán totalmente libres de peaje, al no renovarse su concesión. En cambio, el tramo alavés de 77,5 kilómetros, gestionado por Arabat (sociedad pública de la Diputación Foral), mantendrá el cobro mediante un nuevo sistema. Esto convierte a Álava en la única provincia con peaje activo en la AP-68 a partir de esa fecha.
Precedentes cuantificados: evolución del modelo de gestión
- En 1978, Abertis (entonces Avasa) asumió la concesión inicial de la AP-68 con un plazo de 30 años, prorrogado en 2008 por 16 años adicionales.
- Entre 2019 y 2025, el tramo alavés generó 142,8 millones de euros en ingresos por peaje, un 11,3 % menos que en el periodo 2013–2018, según datos de Arabat.
- La tasa de evasión de peaje en el tramo alavés se redujo del 4,7 % en 2021 al 2,1 % en 2025, gracias a la instalación progresiva de cámaras inteligentes desde 2022.
46 años de concesión: el fin de un modelo y el nacimiento de otro
Abertis gestionó la AP-68 durante 46 años consecutivos, desde su apertura parcial en 1978 hasta el 11 de noviembre de 2026. Este periodo supera en 12 años la duración media de las concesiones de autopistas en España (34 años, según el Informe Anual de la CNMC 2025).
Desglose por categorías de inversión tecnológica
- 21,4 millones de euros para infraestructura de reconocimiento óptico de matrículas (OCR) y sensores de velocidad y clasificación vehicular.
- 8,9 millones de euros para la plataforma central de facturación y gestión de incidencias, compatible con el sistema nacional de peajes (SNEP).
- 4,3 millones de euros para la integración con el sistema de control de emisiones de la ZBE de Vitoria-Gasteiz, exigido por el Decreto Foral 127/2024.
- 2,6 millones de euros para formación técnica y soporte operativo durante los primeros 18 meses de explotación.
Radiografía en cifras
- 37,2 millones de euros es la inversión total para el nuevo sistema de peaje ‘free flow’ en el tramo alavés de la AP-68.
- 77,5 kilómetros es la longitud del tramo bajo competencia de la Diputación Foral de Álava, único con peaje tras el 11 de noviembre.
- 46 años es la duración de la concesión histórica de Abertis, la más larga entre las autopistas de gestión mixta en España.
- 2,1 % es la tasa de evasión de peaje registrada en 2025, frente al 4,7 % de 2021.
- 5 años es la duración inicial del nuevo contrato, con posibilidad de prórroga hasta 9 años según la Ley 33/2023.
- 0 segundos de detención obligatoria es el objetivo operativo del sistema ‘free flow’, frente a los 12–18 segundos promedio por vehículo en las cabinas tradicionales.
El marco normativo aplicable incluye la Ley 33/2023 de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1076/2022 sobre sistemas de cobro electrónico y el Decreto Foral 127/2024 de movilidad sostenible en Álava. Estos instrumentos exigen interoperabilidad con el SNEP, transparencia tarifaria y compatibilidad con los planes de descarbonización del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es reducir un 35 % las emisiones del transporte por carretera para 2030.
