La carta del decano de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra ha generado alarma académica y social. Denuncia ausentismo masivo, baja implicación y una actitud que socava el sentido mismo de la educación superior. Este fenómeno no es aislado: refleja una crisis de responsabilidad compartida entre estudiantes, instituciones y sociedad.
¿Qué dice exactamente la carta del decano de la UPF?
El decano de la UPF no usa eufemismos. Su mensaje es claro: la asistencia a clase ha caído a niveles insostenibles. También señala tareas entregadas sin rigor, abandono durante las sesiones y una actitud de exigir sin aportar. No se trata de reprochar errores puntuales, sino de advertir sobre una normalización peligrosa.
La misiva subraya que la universidad no es un mero trámite para obtener un título. Es un espacio de interacción crítica, discusión colectiva y desarrollo de competencias analíticas. Ausentarse no es una opción neutral: es una renuncia activa al núcleo del aprendizaje.
¿Por qué ha aumentado el absentismo universitario en España?
Varios factores convergen. La digitalización acelerada ha normalizado la asistencia virtual sin compromiso real. Muchos estudiantes confunden acceso a materiales con dominio del contenido. Además, la flexibilización curricular y la ausencia de mecanismos de seguimiento continuo debilitan la responsabilidad académica.
El contexto económico también pesa. Estudiantes trabajan a tiempo parcial para costear estudios, lo que reduce su disponibilidad física y cognitiva. No es pereza: es una sobrecarga no reconocida institucionalmente.
¿Qué implica legal y prácticamente la falta de asistencia en una universidad pública?
En España, la Ley Orgánica 4/2007 y los Estatutos de las universidades públicas establecen que la asistencia no es obligatoria, pero sí vinculada a la evaluación continua. Si una asignatura exige participación, su ausencia puede afectar la calificación final.
Prácticamente, las facultades pueden exigir un mínimo de asistencia para acceder a exámenes finales. La UPF, por ejemplo, incluye cláusulas de evaluación por competencias, donde la presencia en debates o seminarios es parte del criterio de acreditación.
¿Cómo afecta esto al mercado laboral y a la calidad del talento?
Las empresas reportan una brecha creciente entre titulación y competencias reales. Un estudiante que evita el aula pierde habilidades blandas esenciales: argumentación, escucha activa, gestión del tiempo, resiliencia ante la crítica. Estas no se aprenden en un PDF.
El impacto económico es tangible. Según el Informe del Observatorio de Empleo Universitario 2025, los graduados con bajo índice de participación en actividades curriculares tienen un 32 % menos de probabilidades de acceder a su primer empleo en los 6 meses posteriores a la titulación.
Datos Clave
- El absentismo en primer y segundo curso de grados en ciencias sociales supera el 41 % en universidades públicas, según el informe del CRUE 2025.
- El 68 % de los profesores de la UPF reportan caída en la calidad de los trabajos entregados desde 2022.
- Las universidades públicas españolas reciben 1.200 millones de euros anuales de fondos públicos: la falta de compromiso académico representa una desviación de ese retorno social de la inversión.
- El 74 % de los empleadores considera la participación en clase como indicador fiable de capacidad de adaptación y autonomía profesional.
El marco legal no castiga, pero sí condiciona
No existe sanción legal por faltar a clase. Sin embargo, el Real Decreto 822/2021 exige que las universidades garanticen la evaluación continua y competencial. Si la asistencia forma parte del sistema de evaluación, su ausencia puede derivar en la pérdida de la convocatoria. Esto no es represión: es coherencia curricular.
La responsabilidad es compartida
La carta del decano no es un monólogo. Es un llamado a la corresponsabilidad. Las familias deben reforzar la cultura del esfuerzo. Las universidades deben revisar sus metodologías y sistemas de acompañamiento. Y los estudiantes deben recuperar la conciencia de que estudiar no es consumir, sino construir.
La universidad pública no es un servicio gratuito: es un contrato ético entre generaciones. Su debilidad no es académica: es cívica.
