La Ley Orgánica 1/2025, conocida como ley Bolaños, entró en vigor el 3 de abril de 2025. Obliga a todos los ciudadanos a intentar resolver sus conflictos civiles o mercantiles mediante MASC antes de acudir a los tribunales. Su objetivo es reducir la sobrecarga judicial. Pero un año después, los juzgados siguen colapsados. Las cifras confirman que la reforma no ha logrado su fin principal.
¿Qué son los MASC y por qué ahora son obligatorios?
Los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) incluyen la negociación entre abogados, la mediación, la conciliación, la oferta vinculante confidencial y la opinión de un experto independiente. No son nuevos. Lo novedoso es su carácter obligatorio.
El trámite previo ya no es opcional
Desde abril de 2025, ningún juzgado admite una demanda civil o mercantil sin prueba documental de que se ha intentado al menos un MASC. El abogado debe aportar constancia fehaciente: acta de mediación, correo certificado de propuesta de conciliación o informe de experto. Sin ello, la demanda se rechaza de plano.
¿Ha reducido la ley el número de demandas?
No de forma significativa. Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que en 2025 se presentaron 1,2 millones de nuevas demandas civiles y mercantiles. Eso representa una caída del 3,2 % respecto a 2024. Pero ese descenso no se debe a más acuerdos extrajudiciales.
El retraso no es resolución
La disminución se explica por el efecto burocrático del trámite previo. Muchos ciudadanos postergan la demanda por desconocimiento, coste o falta de acceso a servicios de mediación. No resuelven el conflicto: lo posponen. Esto genera una falsa sensación de alivio estadístico.
¿Por qué siguen colapsados los juzgados con casi 5 millones de asuntos pendientes?
El sistema judicial español cerró 2025 con 4.97 millones de asuntos sin resolver. Es un aumento del 1,8 % respecto a 2024. La ley Bolaños no ha desatascado los juzgados. Al contrario: ha añadido una capa de gestión administrativa sin dotar de recursos reales a los servicios de mediación y conciliación.
Falta de infraestructura y formación
Solo el 12 % de los juzgados cuentan con un servicio propio de mediación con personal especializado. El 68 % depende de convenios con colegios de abogados, cuyos tiempos de respuesta superan los 45 días. Además, el 41 % de los abogados encuestados reconoce no haber recibido formación específica en técnicas de MASC.
¿Qué impacto económico y legal tiene esta reforma?
La ley Bolaños tiene consecuencias tangibles más allá de los tribunales. Aumenta los costes para particulares y pymes. Una mediación básica cuesta entre 300 y 900 euros. No es reembolsable por la Seguridad Social ni por la mayoría de los seguros de responsabilidad civil.
Marco legal en tensión con la práctica
La norma choca con la realidad del acceso a la justicia. El Tribunal Constitucional ya ha recibido 17 recursos de inconstitucionalidad. Argumentan que la exigencia previa vulnera el derecho de acceso a la justicia (artículo 24 CE) al convertir la vía judicial en una opción residual, no alternativa.
Datos Clave
- La ley Bolaños entró en vigor el 3 de abril de 2025.
- Exige prueba documental de intento de MASC para admitir cualquier demanda civil o mercantil.
- Los juzgados cerraron 2025 con 4.97 millones de asuntos pendientes (+1,8 % vs. 2024).
- Solo el 12 % de los juzgados dispone de servicio propio de mediación especializado.
- El 41 % de los abogados no ha recibido formación específica en MASC.
- 17 recursos de inconstitucionalidad han sido presentados ante el Tribunal Constitucional.
- El coste medio de una mediación es de 300–900 euros, sin cobertura pública ni privada generalizada.
La reforma judicial se inscribe en un contexto de presión internacional por modernizar la justicia. Pero su implementación revela una brecha entre diseño normativo y capacidad operativa. Desde el punto de vista económico, genera costes adicionales sin retorno en eficiencia. Desde el marco legal, tensiona principios constitucionales básicos. Y desde la práctica diaria, profundiza las desigualdades en el acceso a la justicia.
