El Institut d’Estudis Catalans ha desmantelado un proceso de captura institucional que duró casi una década. La Associació Catalana de Sociologia (ACS), filial del IEC, fue controlada por el grupo CREA bajo prácticas de coerción, instrumentalización y manipulación estatutaria. La investigación reveló modificaciones arbitrarias de bases, presión sobre órganos de gobierno y uso indebido de recursos públicos y académicos.
¿Qué mecanismos usó CREA para tomar el control de la ACS?
El grupo CREA, liderado por el catedrático Ramón Flecha, operó mediante una estrategia de largo plazo. No hubo ruptura brusca, sino una sustitución progresiva de cargos directivos con personas vinculadas al grupo. Se priorizaron candidaturas alineadas con su enfoque teórico, se restringió el acceso a información interna y se marginó a socios críticos.
Cambios estatutarios sin consenso
En 2018, la junta directiva de la ACS modificó sus estatutos sin votación plenaria ni consulta a los socios. Se ampliaron las facultades del presidente y se redujeron los quórums para decisiones clave. Estos cambios facilitaron la reelección indefinida de su liderazgo.
Control del Premi Catalunya de Sociologia
El premio de 2019 fue otorgado a Flecha bajo bases alteradas. Se introdujo el criterio de impacto social, un concepto central en la metodología de CREA. La secretaria del jurado era también miembro activa de la organización. Esto violó el principio de independencia del galardón.
¿Qué consecuencias legales y éticas tiene esta infiltración?
El caso no es solo institucional: tiene ramificaciones legales y de responsabilidad pública. Flecha está investigado por la fiscalía por presuntos delitos de coerción sexual, control psicológico y explotación laboral, denunciados por 16 exmiembros. La ACS, como entidad vinculada al IEC, recibe fondos públicos y goza de reconocimiento oficial. Su uso para fines particulares afecta la credibilidad del sistema académico catalán.
Marco legal aplicable
La Ley 10/2001 del Institut d’Estudis Catalans exige transparencia y rendición de cuentas en sus filiales. La Ley de Transparencia de Cataluña obliga a la publicidad de actas, nombramientos y criterios de adjudicación de premios. Las modificaciones estatutarias sin procedimiento reglamentario son nulas de pleno derecho.
¿Cuál es el impacto económico y académico real?
La ACS gestionó durante años subvenciones públicas para congresos, publicaciones y formación. Se detectó desvío de fondos hacia actividades no declaradas y contratación opaca de personal vinculado a CREA. Esto afectó la calidad de la investigación sociológica en Cataluña y desplazó a investigadores independientes de espacios de difusión y financiación.
Pérdida de confianza institucional
El caso ha generado una crisis de credibilidad en redes académicas y asociaciones científicas. Universidades y centros de investigación han revisado sus colaboraciones con entidades afines a CREA. El IEC ha activado protocolos de auditoría en otras filiales.
¿Qué medidas ha tomado el IEC tras la investigación?
El Consejo Permanente del IEC propuso al Pleno del 15 de abril el cese inmediato de la junta directiva de la ACS y la convocatoria de elecciones para una dirección provisional. Esta nueva junta deberá redactar estatutos democráticos y restablecer la independencia académica.
Datos Clave
- La ACS estuvo bajo control de CREA durante 9 años consecutivos.
- El Premi Catalunya de Sociologia 2019 fue otorgado tras una modificación unilateral de las bases del jurado.
- Ramón Flecha está investigado por la fiscalía de Barcelona por delitos contra la libertad sexual y psicológica.
- El IEC aplicó una suspensión cautelar de la junta directiva en diciembre de 2025.
- La investigación interna duró 3 meses y medio, con acceso a actas, correos y registros contables.
El caso CREA-ACS no es un conflicto interno aislado. Es un ejemplo de cómo estructuras académicas pueden ser vulneradas por redes de poder no reguladas. Su resolución exige no solo sanciones administrativas, sino reformas profundas en los mecanismos de gobernanza de las asociaciones científicas. La transparencia no es un valor secundario: es la condición mínima para la legitimidad del conocimiento.
