En lo que va de 2026, se han registrado 24 asesinatos a tiros en Barcelona, l’Hospitalet y Badalona, un aumento del +38 % respecto a los 17 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025. El crimen de la calle Balmes —a las 10:00 horas, frente a una comisaría de la Policía Nacional— marcó un punto de inflexión en la percepción de seguridad ciudadana y aceleró la puesta en marcha de medidas legales urgentes.
24 asesinatos en 2026 superan en 7 los de 2025
El incremento no es lineal: 14 de los 24 crímenes ocurrieron entre marzo y junio de 2026, frente a 6 en el primer trimestre de 2025. Todos los casos están vinculados a estructuras de criminalidad organizada, según confirmaron los Mossos d’Esquadra el 12 de junio. La droga aparece como elemento común en el 100 % de las investigaciones abiertas, con un enfoque creciente en redes de distribución transfronteriza.
3 delitos nuevos propuestos por los Mossos en 2026
El informe de la Dirección de Seguridad Pública de los Mossos, filtrado a La Vanguardia el 13 de junio, propone tres figuras penales inéditas en el ordenamiento jurídico catalán:
- Narcoocupación: ocupar viviendas para cultivo de cannabis, con penas de hasta 4 años de prisión, frente a la actual sanción de multa por ocupación para vivienda.
- Narcodefraudación eléctrica agravada: ya tipificada desde 2023, pero ahora con agravantes por volumen (más de 50 plantas o consumo superior a 15 kW/h).
- Exhibición pública de arma de fuego: delito autónomo con pena mínima de 2 años, aplicable incluso sin disparo ni amenaza directa.
1.200 viviendas ocupadas para cultivo en Catalunya en 2025
Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en 2025 se identificaron 1.200 pisos ocupados con fines narcotraficantes en la región, un +22 % respecto a 2024. En el área metropolitana de Barcelona, el 68 % de esas ocupaciones se concentró en barrios como Sant Roc (Badalona), La Mina (Sant Adrià) y El Raval (Barcelona), donde el 43 % de los desalojos implicó extorsión o amenazas a familias residentes.
5 años de retraso normativo respecto a Francia y Alemania
El marco legal catalán no contempla la narcoocupación como delito específico, a diferencia de Francia —donde se tipificó en 2021— y Alemania, que lo hizo en 2019. En ambos países, las penas por ocupación con fines narcotraficantes oscilan entre 3 y 7 años, con confiscación automática del inmueble. En España, la Ley Orgánica 10/1995 (Código Penal) solo castiga la ocupación sin autorización con multa o prisión de hasta 1 año, salvo que se acredite violencia o intimidación.
7.800 armas de fuego incautadas en Catalunya desde 2022
Entre 2022 y 2026, los Mossos han incautado 7.800 armas de fuego, un +61 % respecto al quinquenio anterior (2017–2021). Del total, el 34 % corresponde a armas de guerra modificadas (pistolas semiautomáticas con cargadores extendidos) y el 29 % a armas ocultas en vehículos o domicilios con fines de intimidación. La tasa de detección de armas en controles de proximidad (barrios con alta incidencia) subió del 12 % en 2023 al 27 % en el primer semestre de 2026.
Radiografía en cifras
- 24 asesinatos a tiros registrados en el área metropolitana de Barcelona entre enero y junio de 2026.
- 1.200 viviendas ocupadas para cultivo de cannabis en Catalunya en 2025, según Idescat.
- +38 % de homicidios con arma de fuego respecto al mismo periodo de 2025.
- 68 % de las narcoocupaciones concentradas en 3 barrios del área metropolitana.
- 5 años de retraso normativo respecto a la legislación francesa y alemana en tipificación de narcoocupación.
- 27 % de detección de armas en controles de proximidad en 2026, frente al 12 % en 2023.
140.000 euros anuales de coste medio por narcoocupación
Un estudio del Departament d’Interior de la Generalitat (abril 2026) calcula que cada caso de narcoocupación genera un coste público medio de 140.000 euros, incluyendo desalojos forzosos, reconstrucción eléctrica, atención a familias desplazadas y seguimiento judicial. Esto representa +210 % respecto al coste medio por ocupación residencial tradicional (45.000 euros). La propuesta de los Mossos busca reducir ese impacto mediante una disuasión penal temprana y la confiscación inmediata del inmueble afectado.
