La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de una creciente tensión política a medida que se acerca la Conferencia de Presidentes, programada para el 6 de junio en Barcelona. Desde el anuncio de esta reunión, el ambiente se ha cargado de acusaciones y desconfianza, especialmente hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El portavoz del gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha sido claro al señalar que la falta de comunicación previa por parte de Sánchez es un acto de «deslealtad institucional». Esta situación ha intensificado el clima de confrontación que ha caracterizado la relación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.
La reciente reunión del comité preparatorio para establecer un orden del día para la conferencia resultó infructuosa, lo que llevó a García Martín a advertir que la conferencia podría convertirse en un «monólogo» de Sánchez, quien, según él, solo busca una foto. La Comunidad de Madrid ha dejado claro que su asistencia a la conferencia dependerá de la aprobación de un orden del día que aborde sus preocupaciones, lo que no se logró en la reunión preparatoria.
La postura del gobierno madrileño es de confrontación, especialmente en temas como la financiación autonómica y la gestión de la inmigración. Ayuso ha criticado abiertamente el modelo de financiación actual, considerándolo obsoleto y reclamando una revisión que incluya la deuda histórica que Madrid considera no ha sido compensada adecuadamente. La Comunidad de Madrid ha denunciado que el Estado solo financia el 30% de las ayudas a la dependencia, a pesar de que se supone que ambas administraciones deben asumir el 50% de los costos.
Otro punto de fricción es la condonación de deuda autonómica, un tema que ha generado un fuerte rechazo en Madrid. Ayuso y su equipo argumentan que esta medida beneficia a comunidades que han sido irresponsables en su gestión financiera, y que, al ser asumida por el Estado, resultará en un costo adicional para los madrileños. La presidenta ha enfatizado que este tipo de decisiones deben ser discutidas en la conferencia, donde también se espera que se aborden temas de inmigración.
La Comunidad de Madrid ha manifestado su preocupación por lo que consideran un «caos migratorio» y ha exigido un plan del Gobierno que contemple la participación de las comunidades autónomas en la gestión de la inmigración. Madrid ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados, y ha insistido en que la gestión de fronteras debe ser una competencia exclusiva del Estado, en oposición a los acuerdos que permiten a Cataluña gestionar estas competencias.
La vivienda es otro de los temas que se han convertido en un punto de conflicto. Ayuso ha estado activa en la lucha contra la okupación ilegal, un problema que afecta a miles de propietarios en la región. Recientemente, el Gobierno regional organizó una jornada para abordar este tema, y Ayuso ha firmado convenios para ofrecer asesoramiento legal gratuito a los afectados. La presidenta ha pedido un endurecimiento del Código Penal y reformas legales que faciliten los procesos de desalojo, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de abordar la okupación en la conferencia.
Además de estos temas, el Gobierno de Ayuso ha manifestado su interés en discutir la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, un asunto que ha sido objeto de críticas hacia el Gobierno central. La falta de inclusión de ciertos puntos en el orden del día de la última Conferencia Sectorial de Justicia ha llevado a los consejeros del PP a plantear su descontento, argumentando que el Gobierno está poniendo en cuestión la separación de poderes.
Por último, la seguridad energética y el déficit de infraestructuras son otros de los temas que Ayuso y su gobierno quieren llevar a la mesa de discusión. La presidenta ha sido vocal en su crítica a la política energética del Gobierno, especialmente tras el apagón que afectó a gran parte del país. Ayuso ha advertido que España se dirige hacia un modelo insostenible y ha exigido la paralización del cierre de centrales nucleares, argumentando que esto es esencial para garantizar la estabilidad energética del país.
La Conferencia de Presidentes se presenta como un escenario clave para abordar estos conflictos, pero la falta de confianza y la tensión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central podrían dificultar cualquier avance significativo. La postura de Ayuso y su equipo sugiere que están dispuestos a mantener una confrontación abierta, lo que podría tener repercusiones en la política regional y nacional en los próximos meses.
