La violencia de los grupos disidentes de las Farc colombianas, especialmente del grupo conocido como Comandos de la Frontera, ha escalado a niveles alarmantes, afectando la seguridad en la región fronteriza. Recientemente, un ataque en el que murieron once soldados ecuatorianos ha intensificado las tensiones entre Colombia y Ecuador, poniendo en jaque los esfuerzos de paz en la zona.
El ataque, que tuvo lugar en Alto Punino, Orellana, fue llevado a cabo el viernes y dejó un saldo trágico de once militares ecuatorianos y un guerrillero fallecidos. Este incidente ha sido calificado como un golpe devastador contra la paz total que busca el presidente colombiano, Gustavo Petro. La reacción del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue inmediata y contundente: «Encontraremos a los responsables y acabaremos con ellos», declaró, mientras su gobierno expresaba condolencias a las familias de los caídos y decretaba tres días de luto nacional.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, también condenó el ataque, señalando que estos hechos enlutan a toda la región y evidencian la amenaza que representan los grupos armados organizados en las zonas fronterizas. Sánchez, quien es el primer militar en ocupar la cartera de Defensa en años, reafirmó su compromiso de enfrentar el crimen organizado transnacional que amenaza la paz y la tranquilidad de ambos países.
Según fuentes militares, los soldados ecuatorianos estaban llegando a una zona selvática conocida como ‘Sardinas’, en la Amazonía, donde se ha reportado actividad de minería ilegal de oro y se cree que es uno de los centros operativos de los Comandos de la Frontera. En ese momento, fueron atacados con armas de fuego y explosivos, lo que llevó a la trágica pérdida de vidas.
Por su parte, el grupo Comandos de la Frontera ha negado cualquier implicación en el atentado. En un comunicado, el grupo guerrillero desmintió que esté llevando a cabo acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas o de países vecinos, y recordó que mantiene diálogos de paz con el gobierno de Petro. Este grupo, que opera en regiones como Putumayo, Caquetá, Amazonas y el norte de Nariño, fue creado en 2017, un año después de la firma del acuerdo de paz con el expresidente Juan Manuel Santos.
Los Comandos de la Frontera han sido denunciados por homicidios y desapariciones de líderes sociales en las áreas bajo su control. A pesar de su supuesta participación en el proceso de paz, el grupo ha solicitado una amnistía, así como el perdón y el olvido, algo que ha sido considerado jurídicamente imposible.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador también se pronunció sobre el ataque, expresando sus condolencias por la muerte de los soldados y ofreciendo su apoyo al pueblo ecuatoriano en la lucha contra el crimen organizado. Este respaldo internacional es crucial en un contexto donde la violencia y el narcotráfico continúan siendo problemas significativos en la región.
En un contexto más amplio, el ataque a los soldados ecuatorianos resalta la complejidad de la situación de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador. La presencia de grupos disidentes de las Farc, junto con otros actores del crimen organizado, ha generado un clima de inestabilidad que afecta no solo a los países involucrados, sino también a la región en su conjunto.
A principios de abril, las fuerzas de seguridad ecuatorianas habían logrado capturar a nueve miembros de los Comandos de la Frontera en un puesto de control, donde se encontró armamento de guerra y material de uso exclusivo, valorado en aproximadamente 350 millones de pesos colombianos. Este tipo de operaciones subraya la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva para enfrentar la amenaza que representan estos grupos armados.
La situación actual exige un enfoque integral que no solo contemple la seguridad militar, sino también el desarrollo social y económico de las regiones afectadas. La cooperación entre Colombia y Ecuador, así como el apoyo internacional, serán fundamentales para abordar los desafíos que plantea la violencia de los grupos disidentes y el crimen organizado en la frontera.
