La problemática de la ocupación ilegal de viviendas ha cobrado una relevancia significativa en el debate social y legal en España. En este contexto, el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha presentado una serie de propuestas que buscan reformar la legislación actual para facilitar la expulsión de okupas en un plazo de entre 24 y 72 horas. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por la seguridad de los propietarios y la necesidad de proteger su derecho a la propiedad.
### Reformas Legales para la Expulsión Rápida de Okupas
Durante una reciente mesa redonda organizada por la Fundación Notariado en San Sebastián, Vicente Magro expuso su visión sobre cómo abordar el fenómeno de la ocupación ilegal. Una de las propuestas más destacadas es la modificación del artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que permitiría a los jueces adoptar medidas cautelares urgentes para desalojar a los okupas en un plazo máximo de 72 horas. Según Magro, esta medida sería efectiva siempre que los ocupantes no puedan demostrar de manera fehaciente la existencia de un contrato de arrendamiento válido.
Magro enfatiza que solo deben ser considerados válidos los contratos que estén debidamente firmados y registrados, lo que implica que cualquier documento que no cumpla con estos requisitos no debería ser suficiente para evitar un desalojo. Para prevenir que los okupas presenten títulos falsos de arrendamiento, el magistrado propone que todos los contratos de alquiler sean registrados y sellados en las oficinas de Vivienda de cada comunidad autónoma. Esta medida no solo facilitaría la identificación de arrendamientos fraudulentos, sino que también proporcionaría una mayor seguridad jurídica a los propietarios.
Además, Magro sugiere que la Policía tenga la capacidad de acceder a un inmueble sin necesidad de una orden judicial durante las primeras 24 horas de una ocupación ilegal, lo que permitiría una respuesta más rápida y efectiva ante este tipo de situaciones. Esta propuesta se basa en la definición legal del concepto de flagrancia, que permitiría a los agentes actuar de inmediato para desalojar a los okupas.
### La Inquiokupación: Un Delito en Aumento
Otro aspecto que Magro abordó en la mesa redonda es el fenómeno de la «inquiokupación», que se refiere a situaciones en las que un inquilino deja de pagar el alquiler tras haber firmado un contrato. Según el magistrado, esta acción puede constituir un delito de estafa, y se deberían permitir medidas cautelares de expulsión en un plazo de 72 horas. Magro señala que este tipo de situaciones son cada vez más comunes, especialmente en el caso de alquileres vacacionales, donde algunos inquilinos deciden quedarse en la propiedad sin intención de abandonar el inmueble.
La propuesta de Magro incluye la creación de una ley integral que aborde la pérdida de la posesión de viviendas por incumplimiento contractual, así como la ocupación ilegal. Esta legislación buscaría ofrecer una solución efectiva a los propietarios que enfrentan dificultades para recuperar sus inmuebles. El magistrado argumenta que la falta de una respuesta judicial rápida ante la ocupación ilegal vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, y que la vulnerabilidad debería recaer en la Administración, no en los propietarios.
Además, Magro propone que las comunidades de propietarios tengan la legitimidad para denunciar a los okupas y solicitar su desalojo, lo que podría facilitar la recuperación de inmuebles en situaciones de ocupación ilegal. Esta medida podría ser especialmente útil en edificios donde varios propietarios se ven afectados por la presencia de okupas.
La situación de la vivienda en España es compleja y multifacética, y las propuestas de Vicente Magro buscan abordar algunos de los problemas más acuciantes relacionados con la ocupación ilegal. La necesidad de reformas legales que permitan una respuesta más ágil y efectiva ante estas situaciones es cada vez más evidente, y las iniciativas presentadas por el magistrado podrían marcar un cambio significativo en la forma en que se gestionan estos casos en el futuro. La Fundación Notariado se ha comprometido a remitir estas propuestas al Gobierno, en un esfuerzo por impulsar un cambio legislativo que beneficie tanto a propietarios como a inquilinos en situaciones de vulnerabilidad.
