La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha entrado en vigor, introduciendo importantes cambios que buscan agilizar los procedimientos judiciales en España. Esta legislación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en enero, establece la obligatoriedad de la mediación prejudicial en la mayoría de los procedimientos civiles y mercantiles, así como otras modificaciones significativas que afectan tanto a particulares como a empresas.
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la obligación de acudir a los Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC) antes de presentar una demanda. Esto implica que las partes involucradas deben intentar alcanzar un acuerdo a través de mediadores independientes y neutrales. Si no se sigue este procedimiento y se opta por ir directamente a juicio, las partes tendrán que asumir las costas del pleito, incluso si resultan vencedoras. Este enfoque busca reducir la litigiosidad, que ha aumentado considerablemente en los últimos años, y fomentar la resolución de conflictos de manera más eficiente.
Además de la mediación, la ley introduce juicios rápidos para desalojar a los ‘okupas’. Se establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada podrán ser objeto de juicio rápido, permitiendo a los magistrados desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de 15 días desde que se presente la documentación necesaria. Esta medida responde a la creciente preocupación por la ocupación ilegal de propiedades y busca ofrecer una solución más ágil a los propietarios afectados.
Otro cambio relevante es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que ahora requiere la aprobación de al menos tres quintos de la comunidad de propietarios para establecer un piso turístico en un edificio. Esto significa que los propietarios deberán contar con el consentimiento de sus vecinos antes de poder alquilar sus propiedades a turistas, lo que podría tener un impacto significativo en el mercado de alquileres turísticos en España.
La ley también pone fin a la ‘golden visa’, un permiso de residencia por inversión que permitía a los extranjeros obtener un visado al adquirir propiedades en España por un valor superior a 500.000 euros. Aunque esta figura fue atractiva para algunos inversores, su impacto en la atracción de capital ha sido limitado, con menos de 2.500 permisos concedidos en 2022. A pesar de su eliminación, las visas ya otorgadas seguirán siendo válidas hasta su fecha de expiración, y se tramitarán las solicitudes de renovación conforme a la normativa vigente en el momento de su concesión.
En el ámbito laboral, la ley establece un límite de impagos o retrasos en el pago de nóminas que permite a los trabajadores renunciar a sus puestos de trabajo con derecho a indemnización y a la prestación por desempleo. Se especifica que si se adeudan tres mensualidades en un año o si el pago se retrasa más de 15 días en seis ocasiones, los empleados pueden cesar su actividad y exigir la indemnización correspondiente.
La entrada en vigor de esta ley ha sido valorada positivamente por el Consejo General de Economistas (CGE), que considera que el nuevo papel de los órganos de mediación puede ser beneficioso, siempre y cuando no se convierta en un mero trámite para acceder a los tribunales. La mediación debe ser una alternativa efectiva para resolver conflictos, y no solo un requisito previo.
Con estas reformas, el Gobierno busca desatascar el sistema judicial, que ha visto un aumento en la duración de los procesos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los recursos y procesos civiles tardaron en resolverse en 2023 unos cinco meses, un plazo superior al de años anteriores. La ley pretende, por tanto, no solo reducir la carga de trabajo de los tribunales, sino también ofrecer a los ciudadanos y empresas una forma más rápida y eficiente de resolver sus disputas.
En resumen, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce cambios significativos que afectan a diversos aspectos del sistema judicial español, desde la mediación obligatoria hasta la regulación de los pisos turísticos y la eliminación de la golden visa. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia del sistema y ofrecer soluciones más rápidas a los conflictos legales.
