La reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha generado un importante debate en el ámbito fiscal en España. Este tribunal ha establecido que la Inspección de Hacienda puede utilizar documentación solicitada en un procedimiento para ampliar la investigación a otros tributos o ejercicios fiscales, incluso si esto implica abrir un nuevo expediente. Esta decisión tiene implicaciones significativas tanto para los inspectores de Hacienda como para los contribuyentes que están siendo objeto de comprobaciones fiscales.
La resolución, fechada el 20 de octubre, se basa en un caso específico donde un contribuyente fue requerido a presentar documentación relacionada con sus declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Tras revisar la información proporcionada, la Inspección decidió ampliar el procedimiento, incluyendo las declaraciones de renta de años anteriores sin la aprobación del inspector jefe. Esto llevó a una sanción al contribuyente, quien argumentó que la Inspección había actuado de manera irregular al utilizar pruebas de un procedimiento anterior.
El TEAC, sin embargo, ha respaldado la actuación de Hacienda, argumentando que no tiene sentido exigir a la Administración que vuelva a solicitar información que ya ha sido proporcionada. Este enfoque busca evitar duplicidades y fomentar la eficiencia administrativa, alineándose con los principios de proporcionalidad y limitación de costes indirectos para los contribuyentes, tal como se establece en la Ley General Tributaria (LGT).
Uno de los aspectos más destacados de esta resolución es el principio del ‘hallazgo casual’. Según este principio, si durante una inspección se descubre información que sugiere irregularidades fiscales, la Administración puede actuar en consecuencia, siempre que no se haya violado la legalidad en la obtención de dicha información. Esto significa que Hacienda podría utilizar pruebas encontradas en el marco de un procedimiento para investigar a otros contribuyentes o incluso para ampliar la investigación sobre el mismo contribuyente.
Los expertos en fiscalidad han señalado que esta decisión del TEAC refuerza la capacidad de la Administración para actuar, pero también establece límites claros para proteger los derechos de los contribuyentes. Es fundamental que las pruebas utilizadas sean obtenidas de manera lícita y dentro de los plazos de prescripción establecidos. La resolución también ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de que la Inspección de Hacienda amplíe su vigilancia de manera excesiva, utilizando pruebas de años anteriores para sancionar a los contribuyentes.
Ante esta situación, los asesores fiscales han recomendado a los contribuyentes que revisen cuidadosamente los procedimientos de inspección y se aseguren de que cualquier ampliación de la investigación esté debidamente notificada. Es crucial que los contribuyentes mantengan un registro claro de la documentación presentada y de las fechas de los procedimientos, ya que esto puede ser determinante en caso de que la Inspección decida utilizar dicha información en el futuro.
Además, se aconseja a los contribuyentes que guarden copias de toda la documentación que presenten durante una inspección, ya que si la Inspección decide reutilizarla, debe estar claramente identificada en el expediente. Esta práctica no solo ayuda a proteger los derechos de los contribuyentes, sino que también facilita el seguimiento de cualquier procedimiento posterior que pueda derivarse de la información inicialmente presentada.
La resolución del TEAC se suma a un contexto más amplio de litigiosidad en torno a las inspecciones fiscales en España, donde la legalidad de las pruebas y las tácticas utilizadas por la Agencia Tributaria han sido objeto de debate en los tribunales. En particular, las inspecciones domiciliarias han suscitado preocupaciones sobre la posible vulneración de derechos fundamentales, lo que ha llevado a los jueces a limitar las acciones de la Agencia en ciertos casos.
En resumen, la reciente decisión del TEAC marca un cambio significativo en la forma en que la Inspección de Hacienda puede operar, permitiendo el uso de pruebas antiguas para ampliar investigaciones fiscales. Esto plantea nuevos desafíos para los contribuyentes, quienes deben estar más atentos a sus derechos y a la legalidad de los procedimientos de inspección. La situación exige una mayor vigilancia y preparación por parte de los contribuyentes para enfrentar posibles ampliaciones en las investigaciones fiscales que puedan surgir a partir de la información ya presentada.
