La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho una solicitud formal a Instituciones Penitenciarias para obtener información sobre las visitas que recibe Santos Cerdán, un interno que ha sido vinculado a una presunta trama de corrupción relacionada con el caso Koldo. Esta petición fue comunicada al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien previamente había ordenado el ingreso en prisión de Cerdán debido a su implicación en el escándalo de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La UCO ha solicitado que se le informe con antelación sobre las visitas que reciba Cerdán, incluyendo aquellas que sean imprevistas, como las realizadas por sus abogados. En su escrito, la UCO enfatiza la necesidad de conocer quiénes son los visitantes y cuándo se llevan a cabo estas reuniones, aunque no se requiere información sobre el contenido de las mismas. Para facilitar la comunicación, la UCO ha proporcionado un correo electrónico y dos números de teléfono para que se notifique cualquier visita inesperada. Además, se ha solicitado que se mantenga la máxima discreción sobre estas gestiones, dado el posible impacto que podrían tener en las investigaciones en curso.
Los abogados de Cerdán han calificado esta solicitud como grave, ya que afecta directamente a las visitas que realizan a su cliente y, por ende, a su derecho a una defensa adecuada. En respuesta a esta situación, han anunciado su intención de buscar amparo en los colegios de abogados, argumentando que la medida podría vulnerar los derechos fundamentales de su defendido.
La solicitud de la UCO se ha hecho pública en un momento crítico, ya que el próximo 22 de julio se llevará a cabo una vista en la sala de apelación del Tribunal Supremo para revisar el recurso presentado por Cerdán contra su ingreso en prisión provisional. Esta vista se celebrará a puerta cerrada, lo que significa que solo podrán participar en ella la defensa, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones, sin acceso a la prensa ni al público.
El abogado de Cerdán, Benet Salellas, ha expresado su descontento con la decisión del juez Puente, argumentando que este ha interpretado los indicios en contra de su cliente, lo que considera una violación de su derecho a la presunción de inocencia. Salellas también ha señalado que su defendido está siendo tratado de manera desigual en comparación con otros imputados en el caso, quienes se encuentran en libertad, como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha defendido la necesidad de mantener la prisión preventiva de Cerdán, argumentando que este tuvo un papel crucial en la supuesta trama de corrupción y que existe un riesgo significativo de que pueda ocultar pruebas o influir en los testigos si se le permite salir en libertad. La Fiscalía sostiene que Cerdán poseía un conocimiento privilegiado sobre las irregularidades que se están investigando, lo que justifica la medida cautelar adoptada por el juez.
El caso Koldo ha generado un gran interés mediático y ha puesto de relieve las posibles conexiones entre la política y la corrupción en España. La situación de Santos Cerdán, como ex Secretario de Organización del PSOE, ha añadido un nivel adicional de complejidad al caso, dado su perfil político y la relevancia de las acusaciones que enfrenta.
A medida que se acerca la fecha de la vista, tanto la defensa como la Fiscalía están preparando sus argumentos para presentar ante el tribunal. La decisión que tome el Tribunal Supremo no solo afectará a Cerdán, sino que también podría tener implicaciones más amplias para el PSOE y la percepción pública sobre la corrupción en la política española.
La UCO, al solicitar información sobre las visitas a Cerdán, está actuando en el marco de una investigación que busca esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia. Sin embargo, la reacción de los abogados de Cerdán pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir entre la necesidad de investigar delitos y el derecho a una defensa justa, un principio fundamental en cualquier sistema judicial.
En este contexto, la atención se centrará en cómo se desarrollarán los próximos días y qué decisiones tomará el Tribunal Supremo en relación con la apelación de Cerdán. La situación es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción en la política es un proceso complejo y a menudo polémico, que requiere un equilibrio delicado entre la justicia y los derechos individuales.
