La reciente aprobación de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE) para compensar los daños causados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en Valencia ha generado un debate significativo sobre la gestión de desastres naturales y las responsabilidades políticas asociadas. Este fondo no solo representa un alivio financiero, sino que también se convierte en un símbolo de la necesidad de una gestión más efectiva y responsable ante situaciones de emergencia climática.
La DANA que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 dejó un saldo devastador: 229 vidas perdidas y daños materiales que ascienden a 18.080 millones de euros. Este evento catastrófico ha puesto de manifiesto la urgencia de revisar las políticas de prevención y gestión de desastres, así como la necesidad de que las autoridades asuman su parte de responsabilidad.
### La Enmienda que Cambia el Paradigma
La enmienda propuesta por el eurodiputado Vicent Marzà, que fue aprobada en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, establece un precedente importante al señalar que existen «responsabilidades políticas directas en la prevención y gestión de desastres naturales». Este enfoque busca no solo la compensación económica, sino también una reflexión crítica sobre cómo se han manejado las emergencias en todos los niveles administrativos, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos autonómicos y nacionales.
Marzà ha enfatizado que muchas de las muertes durante la DANA eran evitables y ha instado a Bruselas a reconocer estas responsabilidades. La enmienda, que recibió 31 votos a favor y una abstención, subraya que la UE no solo debe actuar como un ente financiero, sino también como un regulador que promueva la rendición de cuentas en la gestión de crisis.
El dictamen que se votará en Bruselas también incorpora el principio de «reconstrucción resiliente», conocido como «build back better». Este concepto implica no solo reparar los daños, sino hacerlo de manera que se eviten errores del pasado, construyendo infraestructuras más seguras y adaptadas a las nuevas realidades climáticas. Marzà ha señalado que es fundamental no reconstruir en zonas inundables, ya que de lo contrario, se repetirán los mismos desastres.
### La Magnitud de los Daños y la Necesidad de Inversión
El informe que acompaña a la aprobación del fondo detalla la magnitud de los daños causados por la tormenta que afectó a la Comunidad Valenciana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Más de 2.600 viviendas fueron afectadas, y miles de hogares quedaron sin electricidad, agua potable y servicios telefónicos. Además, más de 170 centros educativos y más de 50 centros sanitarios sufrieron daños significativos.
La Comisión Europea ha calificado esta catástrofe como una «catástrofe natural grave», dado que los daños superan el umbral del 0,6% de la renta nacional bruta de España, que se estimó en 3.960 millones de euros en 2025. Este reconocimiento es crucial, ya que permite que la UE movilice recursos significativos para ayudar a las regiones afectadas.
Sin embargo, la ayuda financiera no es suficiente por sí sola. Es imperativo que se realicen inversiones urgentes en adaptación y mitigación climática, así como en la preparación ante emergencias. La idea es que los fondos europeos no solo reparen los daños, sino que también contribuyan a prevenir futuros desastres. La inversión en infraestructura resiliente y en sistemas de alerta temprana es esencial para proteger a las comunidades vulnerables.
La respuesta de la UE ante la DANA en Valencia es un claro recordatorio de que la gestión de desastres no es solo una cuestión de respuesta inmediata, sino de planificación a largo plazo. La necesidad de un enfoque proactivo en la gestión de riesgos es más evidente que nunca, y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno es fundamental para garantizar que se tomen las medidas adecuadas.
### La Importancia de la Responsabilidad Compartida
La tragedia de la DANA en Valencia ha puesto de relieve la importancia de la responsabilidad compartida en la gestión de desastres. Las autoridades locales, regionales y nacionales deben trabajar en conjunto para desarrollar estrategias efectivas que no solo respondan a las crisis, sino que también las prevengan. La enmienda de Marzà es un paso en la dirección correcta, pero debe ser solo el comienzo de un cambio más amplio en la forma en que se aborda la gestión de riesgos en Europa.
La UE, al movilizar recursos significativos para ayudar a las regiones afectadas, también debe asegurarse de que estos fondos se utilicen de manera efectiva y transparente. La rendición de cuentas es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y garantizar que se tomen las lecciones adecuadas de cada crisis.
En este contexto, es fundamental que los ciudadanos también se involucren en el proceso. La educación sobre la gestión de riesgos y la preparación ante emergencias debe ser una prioridad, y las comunidades deben estar empoderadas para participar en la planificación y ejecución de estrategias de resiliencia.
La DANA en Valencia ha sido un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de las comunidades ante el cambio climático y la necesidad de una acción colectiva. La respuesta de la UE, aunque positiva, debe ser solo el primer paso hacia un enfoque más integral y responsable en la gestión de desastres. La reconstrucción no debe ser solo una cuestión de reparar lo que se ha perdido, sino de construir un futuro más seguro y resiliente para todos.
