En las provincias de Huelva y Almería, el sector agrícola ha alcanzado cifras récord de producción, generando ingresos millonarios. Sin embargo, esta prosperidad contrasta drásticamente con la realidad de miles de trabajadores migrantes temporeros que laboran en los invernaderos. A pesar de su contribución vital a la economía agrícola, estos trabajadores enfrentan condiciones de vida y laborales alarmantes, que han sido objeto de denuncias por parte de diversas organizaciones sociales.
Recientemente, una treintena de asociaciones ha convocado una concentración en el asentamiento de Las Madres, en Moguer, para visibilizar la situación crítica que viven estos migrantes. En su comunicado, las organizaciones han señalado que muchos de estos trabajadores residen en asentamientos de chabolas, donde carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y atención médica. Además, las largas jornadas laborales, la falta de contratos formales y la explotación son prácticas comunes en el sector.
Las cifras son impactantes: en la campaña agrícola de 2023-2024, Almería generó más de 2.700 millones de euros, mientras que Huelva alcanzó los 1.200 millones. A pesar de estos ingresos, las condiciones de trabajo y vida de los temporeros son indignas. Las organizaciones han denunciado que, a pesar de ser una realidad ampliamente documentada, las autoridades han hecho poco para abordar esta problemática. El relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, expresó su consternación tras visitar los asentamientos en 2020, comparando las condiciones de vida de los migrantes con las peores que ha visto en otras partes del mundo.
A pesar de que se han implementado algunas mejoras, como la creación de alojamientos temporales, las organizaciones afirman que estas medidas son insuficientes. El modelo actual de contratación y alojamiento perpetúa la vulnerabilidad de los migrantes, quienes a menudo se ven obligados a aceptar condiciones laborales que nadie más aceptaría. La falta de mano de obra local dispuesta a trabajar en el campo se atribuye a las condiciones indignas y salarios bajos, lo que lleva a que los migrantes, muchos de ellos en situación administrativa irregular, sean la única opción disponible para los empleadores.
Las organizaciones también han criticado los contratos que se firman en los países de origen de los migrantes, argumentando que estos perpetúan la explotación y la vulnerabilidad. Muchas trabajadoras temen denunciar el incumplimiento de sus contratos por miedo a represalias, lo que contribuye a la invisibilidad de su situación. La concentración del domingo busca no solo visibilizar estas problemáticas, sino también exigir cambios estructurales que garanticen derechos básicos para todos los trabajadores.
En respuesta a esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 6 millones de euros para mejorar la inclusión social y laboral de los temporeros en la región. Sin embargo, las organizaciones se muestran escépticas sobre la efectividad de estas medidas, temiendo que no sean suficientes para abordar las condiciones penosas que enfrentan. Las acciones propuestas incluyen la sensibilización sobre racismo, xenofobia y explotación, así como la normalización documental de los migrantes, en un intento por mejorar su situación.
El nuevo reglamento de extranjería, aprobado en noviembre del año pasado, introduce figuras que podrían facilitar la regularización de migrantes, pero aún queda mucho por hacer. Las organizaciones han señalado que es fundamental que se destinen más recursos y se implementen soluciones efectivas para garantizar que los derechos de los trabajadores migrantes sean respetados y protegidos. La lucha por la dignidad y los derechos de los temporeros en Andalucía continúa, y la movilización social es clave para generar cambios significativos en este contexto.
