El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado nuevamente la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que exige a Airbnb la retirada de 34.728 alojamientos turísticos que operan sin licencia. Esta medida, que se debe implementar a finales de 2024, ha sido confirmada por el TSJM a través de un auto reciente, que deniega el recurso presentado por la plataforma de alquileres vacacionales.
La controversia se centra en la legalidad de los anuncios de pisos turísticos que Airbnb tiene en su plataforma. Según el Ministerio, estos anuncios no solo carecen de la licencia correspondiente, sino que también presentan irregularidades en la información proporcionada a los consumidores. El TSJM ya había avalado una medida similar en mayo, lo que indica un patrón de incumplimiento por parte de la empresa en cuanto a la regulación del sector.
La decisión del tribunal se basa en tres argumentos clave presentados por la Dirección General de Consumo. Primero, se señala que muchos anuncios no incluyen el número de licencia o registro, lo cual es un requisito obligatorio en diversas normativas autonómicas. Esta falta de información es considerada la infracción más común en la publicidad de alojamientos turísticos.
En segundo lugar, se ha detectado que algunos anuncios incluyen números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades competentes. Esta práctica puede inducir a error a los consumidores, lo que es motivo de preocupación para el Gobierno. Por último, los anuncios no especifican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares, lo que es fundamental para determinar si los inquilinos están protegidos como consumidores.
El Ministerio de Derechos Sociales ha tomado medidas adicionales en este ámbito, abriendo un expediente sancionador en diciembre de 2024 y manteniendo otros expedientes abiertos contra grandes gestoras de pisos turísticos y agencias inmobiliarias por prácticas engañosas y abusivas. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para abordar la crisis de vivienda en España, un problema que afecta a miles de familias que luchan por encontrar un hogar asequible.
El ministro Pablo Bustinduy ha enfatizado la necesidad de regular el sector de los alquileres turísticos, afirmando que «ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley». Esta postura refleja un compromiso por parte del Gobierno para proteger los derechos de los consumidores y garantizar que las prácticas comerciales sean justas y transparentes.
Desde que se emitieron las resoluciones del Ministerio, Airbnb ha comenzado a retirar los anuncios en cuestión. En julio, la plataforma eliminó un total de 65.000 anuncios tras recibir el primer aval judicial. Sin embargo, la reciente decisión del TSJM refuerza la necesidad de que la empresa cumpla con las normativas vigentes y actúe de manera responsable en la gestión de su plataforma.
La situación de los alojamientos turísticos ilegales en España ha generado un intenso debate sobre el impacto de estas prácticas en el mercado de la vivienda. Muchos argumentan que la proliferación de alquileres turísticos ha contribuido al encarecimiento de los precios de la vivienda, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de regulaciones más estrictas.
A medida que el Gobierno continúa su lucha contra los alojamientos ilegales, se espera que otras plataformas de alquiler vacacional también enfrenten un mayor escrutinio. La presión para cumplir con las normativas locales y garantizar la transparencia en la publicidad de los alojamientos podría cambiar la forma en que operan estas empresas en el futuro.
La decisión del TSJM es un paso significativo en la regulación del sector de los alquileres turísticos en España. A medida que se implementen estas medidas, se espera que se logre un equilibrio entre la necesidad de alojamiento asequible y la protección de los derechos de los consumidores. La situación seguirá evolucionando a medida que se desarrollen nuevas regulaciones y se tomen medidas adicionales para abordar la crisis de vivienda en el país.
