La Junta de Andalucía ha tomado una postura firme en la lucha contra el narcotráfico, exigiendo al Gobierno central que declare como «profesión de riesgo» a los policías y agentes que operan en la costa andaluza. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente tras los trágicos eventos ocurridos en Barbate en febrero de 2024, donde dos guardias civiles fueron asesinados por narcotraficantes. Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha manifestado que la situación en la costa gaditana es crítica y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha tomado en serio la gravedad de la problemática del narcotráfico.
Sanz ha subrayado que, más de un año después de los incidentes en Barbate, no ha habido cambios significativos en la estrategia del Gobierno central para abordar el narcotráfico. En un evento titulado #elCorreopregunta, el consejero expresó su frustración al afirmar que «lo que ocurrió en Barbate puede ocurrir cualquier día». Esta declaración resalta la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a los agentes que arriesgan sus vidas en esta lucha. Además, la Junta ha solicitado que las agresiones contra los cuerpos de seguridad sean consideradas como un eurodelito, lo que permitiría otorgarles una mayor protección legal.
La situación en la costa andaluza es alarmante, ya que los narcotraficantes están utilizando armamento de guerra y tácticas de guerrilla para operar. Sanz ha denunciado que los narcos actúan con una impunidad que pone en riesgo la vida de los agentes, quienes a menudo se enfrentan a situaciones de extrema peligrosidad sin los recursos adecuados. «No podemos conformarnos con que el Estado de Derecho esté en entredicho en nuestras costas», afirmó el consejero, enfatizando la necesidad de una respuesta contundente por parte del Gobierno.
### La falta de recursos y la inseguridad de los agentes
Uno de los principales problemas que enfrenta la lucha contra el narcotráfico en Andalucía es la falta de recursos y la inseguridad que sienten los agentes en su labor diaria. Antonio Sanz ha señalado que, para un guardia civil, el simple hecho de sacar su arma reglamentaria representa un riesgo absoluto. Esto se debe a que, si un agente se ve obligado a disparar, puede verse envuelto en procesos judiciales que pueden durar años, afectando su vida personal y profesional.
La Junta de Andalucía no solo está pidiendo más medios materiales, como lanchas y equipamiento, sino que también está abogando por una reforma que garantice la seguridad jurídica de los agentes. Sanz ha insistido en que el debate no debe centrarse únicamente en la cantidad de recursos disponibles, sino en la desprotección que sufren los cuerpos de seguridad en su lucha contra el narcotráfico. «Hay que investigar el origen del problema y no solo centrarse en las consecuencias», ha declarado.
La situación se complica aún más con la visita de eurodiputados a la región, quienes están en la costa gaditana para evaluar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Sanz ha criticado que no se prevén encuentros con los agentes que están en la primera línea de esta lucha, lo que podría significar que las preocupaciones de los profesionales no sean escuchadas ni tenidas en cuenta en las decisiones que se tomen a nivel europeo.
### La respuesta del Gobierno andaluz
Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha decidido adoptar una postura proactiva. La declaración de «profesión de riesgo» para los agentes que luchan contra el narcotráfico es un paso significativo que podría ayudar a mejorar las condiciones laborales y de seguridad de estos profesionales. Además, la Junta ha solicitado un estudio económico del Campo de Gibraltar, argumentando que la lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión de recursos, sino también de desarrollo económico y social en la región.
La Junta de Andalucía ha dejado claro que no se conformará con soluciones superficiales y que es necesario un compromiso real por parte del Gobierno central para abordar esta problemática de manera integral. La seguridad de los agentes y la efectividad de las operaciones contra el narcotráfico dependen de una respuesta coordinada y bien estructurada que contemple tanto la protección de los profesionales como el desarrollo de estrategias efectivas para combatir el crimen organizado en la región.
En resumen, la lucha contra el narcotráfico en Andalucía enfrenta desafíos significativos que requieren atención urgente. La Junta de Andalucía está tomando medidas para garantizar la seguridad de sus agentes y exigir al Gobierno central que actúe de manera decisiva en este asunto crítico. La situación en la costa gaditana es un reflejo de la complejidad del problema del narcotráfico en España, y la respuesta de las autoridades será fundamental para determinar el futuro de la seguridad en la región.
