La Feria de Abril, uno de los eventos más emblemáticos de Sevilla, no solo es conocida por su ambiente festivo y su rica tradición, sino también por ser un punto de atención para las autoridades laborales y fiscales. Este año, la celebración se ha visto marcada por un incremento en las inspecciones laborales y un mayor control por parte de Hacienda, lo que ha llevado a que la feria deje de ser un refugio para la economía sumergida.
**Aumento de Inspecciones Laborales**
El 1 de mayo, mientras los preparativos para la Feria de Abril se intensifican, los trabajadores en el recinto ferial se encuentran bajo la mirada atenta de los inspectores de trabajo. Este año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha reforzado su presencia en el evento, aumentando el número de inspectores de 64 en 2021 a 84 en 2023. Esta medida responde a un esfuerzo por controlar el empleo irregular y garantizar que se cumplan las normativas laborales.
Los trabajadores han notado la presencia de los inspectores, quienes realizan sus labores en días alternos para evitar que se genere alarma entre los trabajadores. Un camionero que trabaja en la feria comentó que la llegada de los inspectores provoca que muchos se retiren del lugar, lo que evidencia la preocupación por las posibles sanciones. En 2024, se registraron 562 actuaciones de inspección, resultando en 49 actas de infracción y un total de 351.000 euros en sanciones. Esto refleja un esfuerzo significativo por parte del Ministerio de Trabajo para erradicar la economía sumergida en un evento que genera un impacto económico superior a los 100 millones de euros.
La Inspección de Trabajo no solo se centra en el cumplimiento de las normativas laborales, sino que también se ocupa de aspectos como el control del registro horario y la seguridad y salud en el trabajo. Este enfoque integral busca no solo sancionar, sino también prevenir situaciones de abuso laboral que puedan surgir durante la feria.
**Control Fiscal por Parte de Hacienda**
Paralelamente a las inspecciones laborales, Hacienda ha intensificado su vigilancia sobre las casetas de la Feria de Abril. Muchos de los titulares de las casetas han recibido requerimientos para proporcionar información sobre los acuerdos económicos que han establecido con proveedores, especialmente aquellos que superan los 1.000 euros. Esta medida tiene como objetivo evitar ingresos no declarados y asegurar que todos los actores involucrados en la feria cumplan con sus obligaciones fiscales.
El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha confirmado que estas comprobaciones son parte de un esfuerzo más amplio para regular el negocio que se desarrolla dentro de la feria. La Agencia Tributaria está particularmente interesada en el comportamiento tributario de los proveedores, buscando identificar posibles desajustes entre lo declarado y lo realmente facturado. Este control se enmarca dentro de una estrategia más amplia para combatir la economía sumergida, que ha sido un problema persistente en eventos de gran afluencia como la Feria de Abril.
Desde 2021, existe una prohibición de realizar pagos en efectivo que superen los 1.000 euros, una medida que busca fomentar la transparencia en las transacciones económicas. Aunque esta normativa ha estado en vigor durante varios años, la concienciación sobre su cumplimiento ha aumentado, y las autoridades esperan que su aplicación se traduzca en una reducción de la economía informal.
La combinación de inspecciones laborales y controles fiscales en la Feria de Abril representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan las festividades en Sevilla. Las autoridades están decididas a erradicar las prácticas que fomentan la economía sumergida, y la feria, que tradicionalmente ha sido un espacio donde estas prácticas florecían, ahora se enfrenta a un escrutinio sin precedentes.
La Feria de Abril, con su rica tradición y su impacto económico, se encuentra en una encrucijada. Mientras que los trabajadores y empresarios buscan disfrutar de la festividad, las autoridades están firmemente comprometidas a garantizar que se respeten las leyes laborales y fiscales. Este nuevo enfoque podría transformar la manera en que se celebran eventos similares en el futuro, marcando un precedente para la regulación de la economía en festividades populares.
