La situación del mercado inmobiliario en España ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento significativo en los precios de la vivienda y una drástica reducción en la oferta disponible. A medida que el Gobierno continúa implementando políticas intervencionistas, los expertos advierten que estas medidas podrían estar exacerbando la crisis en lugar de solucionarla.
El precio del alquiler ha experimentado un incremento del 11% en septiembre, lo que refleja una tendencia preocupante en un contexto donde la oferta de vivienda ha caído un 39% desde sus máximos históricos. Esta disminución en la disponibilidad de viviendas se ha traducido en un déficit estimado de 700,000 unidades, según el Banco de España. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha argumentado que el mercado está ahogando a las familias, justificando así la necesidad de una mayor intervención estatal.
Sin embargo, las políticas implementadas por el Gobierno, que incluyen medidas para proteger a los inquilinos y fomentar la construcción de vivienda protegida, no han logrado mejorar la accesibilidad a la vivienda. Por el contrario, han generado un clima de incertidumbre entre los propietarios, quienes temen no poder recuperar sus propiedades en caso de impagos o ocupaciones ilegales. Esta situación ha llevado a muchos a retirar sus viviendas del mercado, contribuyendo aún más a la escasez de oferta.
La historia reciente del mercado inmobiliario español muestra un contraste notable. Hace quince años, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el país contaba con un stock de 700,000 viviendas vacías. En la actualidad, la falta de nuevas construcciones ha llevado a una situación paradójica: España enfrenta un déficit de vivienda a pesar de la alta demanda. La Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo ha señalado que la falta de oferta es la raíz de los problemas de accesibilidad, un hecho que el Gobierno parece ignorar al rechazar las propuestas de los promotores para liberalizar el suelo público y facilitar el cambio de uso de terrenos.
Las promesas de construir 185,000 nuevas viviendas, anunciadas por Pedro Sánchez durante la campaña electoral de mayo de 2023, han quedado en gran medida sin cumplir, con apenas un centenar de unidades entregadas hasta la fecha. La mayoría de estas viviendas corresponden a proyectos previos de comunidades autónomas o ayuntamientos. A pesar de esto, la ministra sostiene que las políticas de mejora de rentas han reducido el esfuerzo que las familias deben realizar para acceder a una vivienda. Sin embargo, los datos de Eurostat indican que el 40% de los hogares aún destina un 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, un porcentaje que, aunque ha disminuido al 28% este año, sigue siendo superior a la media europea del 20%.
La burocracia y la carga fiscal son otros factores que están frenando la construcción de nuevas viviendas. Según el Ministerio, las licencias municipales pueden tardar hasta 18 meses en ser aprobadas, lo que retrasa la disponibilidad de nuevas unidades en el mercado. Además, el proceso de construcción se ve afectado por la superposición de hasta 16 figuras fiscales, lo que incrementa los costos y complica la rentabilidad de los proyectos.
La reciente estimación de CaixaBank sugiere que hasta el 39% del aumento en los precios de la vivienda entre 2021 y 2024 se debe a la falta de oferta. Esto implica que, sin este déficit, el aumento promedio en el costo de la vivienda podría haber sido significativamente menor. La necesidad de reducir los obstáculos que impiden la promoción y construcción de viviendas es urgente, y los expertos advierten que continuar con políticas de planificación estatal podría llevar a una mayor frustración entre los jóvenes y otros grupos afectados por la escasez de vivienda.
En resumen, la intervención estatal en el mercado de la vivienda en España ha generado un efecto contrario al deseado, exacerbando la crisis de accesibilidad en lugar de aliviarla. La falta de oferta, combinada con políticas que desincentivan a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado, ha creado un entorno en el que el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complicado para las familias españolas.
