La Audiencia Nacional ha decidido elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relacionada con el llamado ‘impuesto a las pérdidas’ empresariales, una medida que fue implementada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su mandato. Este impuesto, que prohíbe a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas sufridas por la venta de filiales, ha sido objeto de controversia y cuestionamiento judicial desde su aprobación en 2016.
La medida fue parte del Real Decreto-ley 3/2016, que buscaba incrementar la recaudación tributaria del Estado para mejorar las cuentas públicas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya había anulado varias disposiciones de este decreto en 2024, lo que generó un agujero de recaudación de aproximadamente 5.000 millones de euros. En esta ocasión, la Audiencia Nacional ha puesto en duda la constitucionalidad del veto a la compensación de pérdidas, argumentando que podría vulnerar los límites materiales establecidos en la Constitución Española.
El contexto de esta decisión se complica aún más por la imputación de Montoro en un caso de presunta corrupción relacionado con favores a empresas gasistas. Esta coincidencia ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de las decisiones fiscales tomadas durante su gestión. La Audiencia Nacional ha decidido plantear esta cuestión ante el Tribunal Constitucional, lo que podría abrir la puerta a un análisis más profundo sobre la legalidad de las modificaciones fiscales realizadas a través de decretos-ley.
El abogado Jordi de Juan, representante de la empresa que ha llevado el caso ante la Audiencia Nacional, ha expresado su optimismo respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule esta medida. Sin embargo, también ha señalado que es crucial que el tribunal no solo se limite a evaluar la forma en que se aprobó la medida, sino que también aborde el fondo del asunto, es decir, si es constitucional que se impida a las empresas deducir pérdidas en procesos de desinversión.
Desde la aprobación del impuesto en 2016, las empresas han enfrentado dificultades significativas para compensar las pérdidas derivadas de la venta de filiales. Esta situación ha llevado a muchas compañías a presentar recursos judiciales, y ahora, con la decisión de la Audiencia Nacional, se abre una ventana de oportunidad para que aquellas que aún no han recurrido puedan hacerlo. Las empresas tienen hasta el 25 de julio de 2021 para presentar recursos sobre el ejercicio 2020, lo que les permitiría beneficiarse de un fallo favorable del Tribunal Constitucional en caso de que se declare la inconstitucionalidad del impuesto.
El debate sobre la constitucionalidad de este impuesto no solo es relevante para las empresas afectadas, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la capacidad del Gobierno para modificar sustancialmente el Impuesto de Sociedades a través de decretos-ley. La Audiencia Nacional ha señalado que estas modificaciones deben ser aprobadas por procedimientos legislativos adecuados, y no mediante decretos que se utilizan para cuestiones urgentes.
La situación se complica aún más por el hecho de que, a partir de 2021, esta medida fue incorporada a una ley ordinaria, lo que significa que el debate sobre su constitucionalidad podría persistir incluso si el Tribunal Constitucional decide anularla por defecto de forma. Esto plantea un escenario en el que las empresas podrían seguir enfrentando restricciones en su capacidad para deducir pérdidas, independientemente de la decisión del tribunal.
El Tribunal Constitucional ha sido cauteloso en sus decisiones recientes, limitando el efecto positivo de sus fallos a aquellos contribuyentes que ya tenían recursos judiciales en marcha en el momento de emitirse la sentencia. Esto significa que, aunque el tribunal anule el ‘impuesto a las pérdidas’, es probable que imponga restricciones similares a las que ha aplicado en casos anteriores, lo que podría dejar a muchas empresas fuera de la posibilidad de recuperar el dinero que han perdido.
En resumen, la decisión de la Audiencia Nacional de elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional marca un nuevo capítulo en la larga saga de disputas fiscales relacionadas con las políticas de Montoro. A medida que se desarrolla este proceso, las empresas afectadas deben estar atentas a los plazos y a las oportunidades que puedan surgir para defender sus derechos fiscales en el contexto de un marco legal en constante evolución.
