El reciente acuerdo entre Junts per Catalunya y el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un gran revuelo en el ámbito político y empresarial español. Este pacto establece que las grandes empresas en España deberán atender a sus clientes en catalán, una medida que afectará a un amplio espectro de sectores y que se enmarca en un contexto de creciente presión política sobre el Ejecutivo.
El acuerdo estipula que todos los proveedores de servicios, así como las compañías con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros, estarán obligados a ofrecer atención al cliente en la lengua oficial en la que el usuario se dirija a ellos. Esto incluye empresas de sectores como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, transporte, servicios postales, entidades bancarias y plataformas audiovisuales de pago.
La medida no solo se aplicará a las empresas con sede en Cataluña, sino que también abarcará a aquellas que operen en otras comunidades autónomas, lo que amplía considerablemente su alcance. La introducción de esta obligación se incluirá en un proyecto de ley que el Consejo de Ministros enviará a las Cortes a principios de 2024, lo que indica que el cambio está en marcha y podría implementarse en un futuro cercano.
El anuncio de este acuerdo se produce en un momento en que Junts busca consolidar su influencia en el Congreso, especialmente tras haber bloqueado otras iniciativas del Gobierno, como la reducción de la jornada laboral. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha destacado que este cambio normativo representa un «cambio de paradigma» en la atención al cliente, enfatizando la importancia de la lengua catalana en el ámbito empresarial.
Además de la obligación de atender en catalán, el acuerdo también contempla la formación obligatoria en esta lengua para los trabajadores de los servicios de atención al cliente. Esto implica que las comunicaciones, tanto verbales como escritas, deberán realizarse en catalán, lo que podría suponer un desafío significativo para muchas empresas que operan a nivel nacional.
El impacto de esta medida se sentirá en diversos sectores. Las empresas de suministros básicos, como electricidad y agua, así como las compañías de transporte, se verán obligadas a adaptarse a esta nueva normativa. Esto podría generar un aumento en los costos operativos y la necesidad de reestructurar los procesos de atención al cliente para cumplir con los nuevos requisitos lingüísticos.
El contexto político en el que se desarrolla este acuerdo es igualmente relevante. La presión de ERC y Junts sobre Sánchez ha llevado a un clima de incertidumbre en torno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. La falta de apoyos ha obligado al Gobierno a prorrogar su presentación, y los votos de Junts serán cruciales para su aprobación. Esto pone de manifiesto la importancia de este pacto lingüístico no solo en términos de derechos lingüísticos, sino también en el marco de la gobernabilidad del país.
Junts ha dejado claro que su apoyo a los PGE está condicionado a la implementación de este tipo de medidas, lo que refleja una estrategia política que busca maximizar su influencia en el Gobierno. La situación se complica aún más con la aparición de nuevos actores en el panorama político catalán, como Alianza Catalana, que ha comenzado a captar el descontento de las bases independentistas.
El acuerdo también ha suscitado críticas y preocupaciones entre algunos sectores. La posibilidad de que se considere «racista» la ley que Junts ha impulsado para delegar competencias en materia de migración a la Generalitat ha generado un debate intenso en el Congreso. La polarización política en España se ha intensificado, y las tensiones entre los diferentes bloques han alcanzado niveles significativos.
En conclusión, el pacto entre Junts y el Gobierno de Sánchez representa un cambio importante en la política lingüística de España, con implicaciones que van más allá de la simple atención al cliente. Este acuerdo no solo refleja la creciente influencia de Junts en el Congreso, sino que también plantea desafíos significativos para las empresas y el Gobierno en un contexto político cada vez más complejo.
