La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una nueva ley destinada a apoyar a las empresas familiares en la región. Esta iniciativa se presentará durante el Debate del Estado de la Región, que se llevará a cabo en la Asamblea Madrileña. La ley busca establecer un marco normativo que impulse y proteja a este segmento vital del tejido empresarial, ofreciendo incentivos fiscales y ayudas económicas.
La importancia de las empresas familiares en la economía madrileña es indiscutible. Estas empresas no solo generan empleo, sino que también son un motor de riqueza en la comunidad. A lo largo de los últimos años, el gobierno de Ayuso ha implementado diversas medidas para mantener la actividad económica, especialmente durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, los desafíos económicos han continuado, incluyendo la crisis energética y la inflación, lo que ha llevado a la necesidad de nuevas estrategias.
La propuesta de Ayuso incluye varias medidas que buscan facilitar el funcionamiento y la sostenibilidad de las empresas familiares. Entre ellas se encuentran rebajas fiscales, ayudas, préstamos y avales para inversiones. Además, la ley pretende crear un entorno más favorable para los negocios, garantizando la estabilidad jurídica y reduciendo las cargas administrativas que enfrentan las empresas.
Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la mejora de las deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la compra de acciones o participaciones en empresas familiares. Actualmente, esta deducción se sitúa en un 20%, y se espera que la nueva ley contemple un incremento significativo. También se están considerando nuevas deducciones para inversiones en capital riesgo y mejoras en los incentivos fiscales para la adquisición de acciones en empresas que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (BME Growth).
La ley también contempla la posibilidad de aumentar la bonificación en la transmisión de empresas familiares, tanto en vida como por herencia. En la actualidad, existe un descuento del 95% en la transmisión de participaciones de empresas familiares a favor de cónyuges o descendientes. La propuesta busca extender esta bonificación a las transmisiones hereditarias de acciones y participaciones en empresas familiares, así como en filiales en el extranjero.
Además, se están considerando cambios en la definición de lo que constituye una empresa familiar, ampliando el concepto para incluir un mayor número de grupos familiares. También se plantea la posibilidad de flexibilizar el requisito de mantener la empresa tras la sucesión, que actualmente está fijado en cinco años, priorizando la conservación del valor heredado.
Las demandas de los empresarios madrileños, especialmente de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), han sido fundamentales en la formulación de esta ley. La AMEF ha abogado por un tratamiento específico para las empresas familiares, especialmente ante el aumento de la presión fiscal. Entre sus propuestas se incluyen mejoras en el régimen de transmisión de empresas familiares y la creación de una Ley de Defensa del Contribuyente, que busque agilizar trámites y mejorar la atención al contribuyente.
A pesar de su alineación con las políticas del gobierno regional, la AMEF ha expresado su oposición a la concesión de subvenciones generales para la gobernanza o la internacionalización, abogando por un marco competitivo que sea equitativo para todas las empresas, independientemente de su titularidad. La idea es establecer reglas de juego que favorezcan la actividad empresarial, basadas en la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria.
La presentación de esta ley se enmarca en un contexto donde la Comunidad de Madrid busca reafirmar su posición como un centro atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera. Con esta iniciativa, el gobierno de Ayuso espera no solo fortalecer a las empresas familiares, sino también contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo en la región. La ley se espera que sea un paso significativo hacia la consolidación de un entorno empresarial más robusto y competitivo en Madrid.
