La reciente legislación húngara que penaliza la promoción de la homosexualidad y la reasignación de género ha suscitado un fuerte debate en la Unión Europea. La Abogada General de la UE, Tamara Capeta, ha calificado esta ley como una violación de los derechos fundamentales, argumentando que representa una injerencia en los derechos de los ciudadanos. Esta situación ha llevado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a desestimar las críticas de Bruselas, tildando de «vergonzosas» las opiniones de Capeta y defendiendo su postura en redes sociales.
Orbán ha ido más allá al firmar un decreto que prohíbe la exhibición de la bandera arcoíris y otros símbolos LGTBI en edificios públicos, justificando esta medida como una forma de proteger a los niños de lo que él denomina «propaganda sexual». Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su intención de desafiar esta prohibición, destacando que el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, ha anunciado que la bandera arcoíris ondeará en el Ayuntamiento, como ha sido tradición desde 2019.
La ley, que fue aprobada hace cuatro años, ha sido objeto de críticas por su enfoque en restringir el acceso de los menores a contenidos relacionados con la diversidad sexual. La Comisión Europea ha llevado este asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), argumentando que la legislación húngara no solo infringe derechos fundamentales, sino que también socava los principios de igualdad y dignidad humana que la UE promueve.
La Abogada General ha recomendado al TJUE que declare que Hungría ha infringido el Derecho de la Unión, subrayando que la norma anti-LGTBI es incompatible con la prohibición de discriminación por razón de género y orientación sexual. Aunque su opinión no es vinculante, suele influir en las decisiones del tribunal, lo que podría tener repercusiones significativas para la legislación húngara.
El contexto de esta situación es complejo. Orbán ha intensificado su retórica contra lo que él llama «el imperio global del arco iris», posicionándose como un defensor de los valores tradicionales frente a lo que considera una amenaza a la moralidad y la familia. Esta postura ha resonado con una parte significativa de su base electoral, que ve en la defensa de la familia tradicional un pilar de su identidad nacional.
A pesar de las restricciones impuestas, las organizaciones LGTBI en Hungría han mantenido su compromiso de celebrar el Orgullo en Budapest, desafiando las medidas del gobierno. La comunidad internacional ha estado atenta a estos desarrollos, y las reacciones han sido variadas. Mientras algunos países han expresado su apoyo a los derechos LGTBI en Hungría, otros han optado por un enfoque más cauteloso, temerosos de las repercusiones políticas y económicas que podría acarrear una condena abierta al gobierno de Orbán.
El Tribunal Supremo de Hungría también ha emitido fallos recientes que han favorecido a la comunidad LGTBI, reconociendo la unión de parejas del mismo sexo que se casaron en el extranjero. Esta decisión ha sido vista como un pequeño avance en un contexto donde las leyes y políticas del gobierno parecen dirigidas a restringir los derechos de este colectivo.
La situación en Hungría es un reflejo de una tendencia más amplia en Europa, donde varios gobiernos han adoptado políticas que limitan los derechos de las minorías sexuales. La respuesta de la UE y de la comunidad internacional será crucial para determinar el futuro de los derechos LGTBI en el país. La presión externa podría jugar un papel importante en la forma en que el gobierno de Orbán maneja este tema, especialmente en un contexto donde las elecciones europeas se acercan y la opinión pública se vuelve cada vez más consciente de estas cuestiones.
En resumen, la lucha por los derechos LGTBI en Hungría se encuentra en un punto crítico, con el gobierno de Orbán enfrentando tanto la resistencia interna como la presión internacional. La evolución de esta situación será observada de cerca, ya que podría tener implicaciones no solo para Hungría, sino también para el futuro de los derechos humanos en toda Europa.
