La reciente decisión de la Agencia Tributaria de España ha generado un gran revuelo entre los autónomos, quienes se enfrentan a un nuevo desafío fiscal. Este cambio se centra en la imputación de las regularizaciones de cuotas de la Seguridad Social, que afecta a casi 900,000 trabajadores por cuenta propia. La medida, que busca obligar a los autónomos a incluir en su declaración de la Renta de 2025 las diferencias de cotización de 2023, ha sido calificada por expertos como un «golpe fiscal».
La controversia surge del hecho de que, según la normativa vigente, los ingresos y gastos deben imputarse al ejercicio correspondiente, es decir, al año en que se generaron. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha decidido que las regularizaciones de cuotas se consideren como un cambio de estimación contable, lo que implica que los autónomos deberán incluir estos ajustes en su declaración de 2025, en lugar de hacerlo en 2023, cuando realmente se realizaron los pagos.
Este cambio de criterio ha suscitado la preocupación de los juristas, quienes anticipan una oleada de reclamaciones por parte de los autónomos. Pablo G. Vázquez, un abogado fiscalista, ha señalado que esta decisión rompe con el principio de devengo establecido en la Ley del IRPF, que estipula que los ingresos y gastos deben imputarse al ejercicio que les afecta, independientemente de la fecha de su pago o cobro.
La regularización de cuotas de 2023, que concluyó el 30 de abril, ha revelado que más de la mitad de los autónomos presentaron diferencias en sus cotizaciones. Aproximadamente 890,000 trabajadores tuvieron que abonar una media de 450 euros, mientras que otros 550,000 recibieron devoluciones de alrededor de 600 euros por haber cotizado de más. Sin embargo, muchos optaron por no aceptar estas devoluciones para mantener sus bases de cotización y prestaciones.
El impacto de esta decisión es significativo, ya que se estima que 1.5 millones de autónomos se verán afectados por el nuevo criterio de la Agencia Tributaria. Aquellos que cotizaron por debajo de sus ingresos reales tendrán derecho a aumentar las deducciones en su declaración de la Renta de 2023, pero podrían enfrentarse a problemas si ya no están trabajando por cuenta propia en 2025.
Por otro lado, los autónomos que pagaron de más en 2023 y aceptaron la devolución se verán obligados a restar estas cantidades de sus deducciones en la próxima declaración, lo que podría llevar a un aumento en su base imponible y, en consecuencia, a un incremento en la tributación.
La situación se complica aún más en un contexto donde el Gobierno ha rechazado deflactar las tarifas del IRPF, lo que significa que muchos autónomos podrían enfrentar una carga fiscal mayor si las diferencias de cotización se imputan al año 2025.
La regularización de cuotas ha sido un proceso complejo y, según los datos de la Seguridad Social, el 23.85% de los autónomos cotizó por debajo de sus ingresos reales en 2023. Esto ha llevado a que muchos de ellos se enfrenten a la necesidad de pagar las diferencias a la Tesorería, lo que añade presión financiera en un momento ya complicado.
En resumen, el nuevo criterio de la Agencia Tributaria sobre la imputación de las regularizaciones de cuotas ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los autónomos. La posibilidad de una oleada de reclamaciones y la necesidad de que los tribunales decidan sobre este asunto podrían marcar el futuro fiscal de millones de trabajadores por cuenta propia en España. La situación es un recordatorio de la complejidad del sistema fiscal y de cómo las decisiones administrativas pueden tener un impacto profundo en la vida de los contribuyentes.
