La economía española ha sido objeto de análisis y debate en los últimos tiempos, especialmente tras las recientes revisiones de las previsiones de crecimiento del PIB. A pesar de que el Gobierno ha anunciado un avance del PIB del 2,7% para este año, surge la pregunta de si este crecimiento se traduce en una mejora real del nivel de vida de los ciudadanos. Según datos de Eurostat, la respuesta es negativa, ya que España se encuentra aún por debajo de la media europea en términos de consumo individual efectivo.
El consumo individual efectivo es un indicador que mide no solo los bienes y servicios adquiridos por los ciudadanos, sino también las ayudas y subvenciones públicas que reciben, así como el valor de los servicios del Estado de Bienestar, como la educación y la sanidad. Este enfoque proporciona una visión más completa del poder adquisitivo real de los ciudadanos en comparación con otras métricas como el PIB per cápita, que puede incluir elementos que no afectan directamente a la renta de los hogares.
Los últimos datos de Eurostat indican que España se sitúa ocho puntos por debajo de la media europea en consumo individual efectivo, con un avance de solo un punto respecto al año anterior, a pesar de que el PIB creció un 3,5%. Este contraste es notable, especialmente si se compara con otros países europeos. Por ejemplo, Dinamarca tiene un nivel de vida que supera en ocho puntos la media europea, mientras que Croacia, que se unió a la UE en 2013, presenta un consumo real efectivo inferior al de las economías más desarrolladas.
En el contexto de las grandes economías de la zona euro, el nivel de vida en España se encuentra 26 puntos por debajo de Alemania, 14 puntos por debajo de Francia y 6 puntos por debajo de Italia. En el ranking de los 27 países de la Unión Europea, España ocupa el puesto 15, superando solo a Portugal, Grecia y algunas naciones de Europa del Este.
Uno de los factores que contribuyen a esta discrepancia es la elevada tasa de inflación que ha afectado a España en los últimos años, así como el aumento de la presión fiscal. El Ministerio de Hacienda ha sido criticado por no actualizar las tarifas del IRPF en consonancia con el aumento de los precios, lo que ha llevado a que los contribuyentes españoles enfrenten una carga tributaria que se sitúa en el 39% del PIB, un aumento significativo desde el 34% previo a la llegada del actual Gobierno.
La carga fiscal, que incluye cotizaciones sociales e IRPF, representa ya el 40,2% del salario bruto de un trabajador soltero sin hijos. Esto ha llevado a que estudios recientes, como el de Funcas, indiquen que el IRPF ha frenado el crecimiento de la renta real neta media de los hogares en España. A pesar de que han pasado más de quince años desde la crisis financiera de 2008, muchos hogares aún no han recuperado su capacidad económica previa.
Este fenómeno es aún más preocupante dado que, a pesar del aumento del gasto público desde la pandemia, la calidad de los servicios públicos ha ido en deterioro. Desde 2018, el Gobierno ha incrementado el gasto, pero gran parte de estos recursos no se ha destinado a mejorar los servicios públicos, sino a aumentar la burocracia y a la contratación de asesores, lo que ha generado un impacto limitado en la calidad de vida de los ciudadanos.
Además, el discurso optimista del Gobierno contrasta con el aumento de la población en situación de vulnerabilidad. Actualmente, alrededor de 7 millones de personas en España, lo que representa el 14% de la población total, se consideran vulnerables. Muchos de ellos dependen de ayudas como el ingreso mínimo vital, cuya implementación ha sido lenta y ha enfrentado problemas significativos.
En resumen, a pesar de que el PIB español muestra cifras de crecimiento, la realidad para muchos ciudadanos es diferente. La falta de un aumento proporcional en el nivel de vida y el creciente número de personas en situación de vulnerabilidad indican que el crecimiento económico no se está traduciendo en una mejora del bienestar general. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas actuales y su capacidad para cerrar la brecha con otras economías europeas más prósperas.
