El déficit contributivo de la Seguridad Social en España ha alcanzado cifras alarmantes, cerrando el año 2024 en casi 31.500 millones de euros, lo que representa un aumento de 3.000 millones respecto al año anterior. Este es el primer deterioro del déficit en tres años, y los expertos advierten sobre un posible agravamiento si la guerra comercial afecta negativamente la creación de empleo.
A finales de 2024, el déficit contributivo, que mide la diferencia entre las cotizaciones sociales ingresadas y el pago de pensiones contributivas, se situó en 31.433 millones de euros, equivalente al 1,97% del PIB. Esta cifra es un 10% superior a la del año anterior, cuando el déficit era de 28.519 millones de euros. Según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social del Instituto Santaluca, para equilibrar este déficit, cada pensión contributiva debería reducirse en 3.441 euros anuales, mientras que cada cotizante tendría que aportar 1.486 euros más al año para que los ingresos por cotizaciones cubran el gasto.
Este incremento en el déficit es un retroceso significativo después de dos años de mejora en el saldo contributivo, que había alcanzado su punto más alto en marzo de 2021, cuando se descontaban los efectos de la pandemia. Los expertos advierten que este desequilibrio podría empeorar si la guerra comercial impacta negativamente en el empleo, ya sea estancando el crecimiento o incluso provocando una reducción en los niveles de empleo.
El déficit de casi 31.500 millones de euros se origina de un desfase entre los ingresos por cotizaciones, que ascienden a cerca de 167.000 millones de euros, y los gastos en prestaciones contributivas, que alcanzan los 198.200 millones de euros. Sin considerar las transferencias del Estado a la Seguridad Social, que superan los 48.000 millones de euros, el déficit contributivo es más de tres veces superior al que reconoce el Gobierno, que en su ejecución presupuestaria de 2024 lo sitúa en 9.833 millones de euros.
Los expertos señalan que las aportaciones del Presupuesto General «maquillan» el déficit general del sistema, dificultando una comparación homogénea con años anteriores a 2018, cuando estas inyecciones financieras no existían. Este saldo contributivo refleja la incapacidad del sistema para absorber el aumento de los desembolsos comprometidos, a pesar de que las cotizaciones de empresas y trabajadores han aumentado, alcanzando un incremento de 11.174 millones en el último año.
El crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales ha sido del 7%, con aproximadamente un tercio de este aumento atribuido al incremento en el número de afiliados ocupados, mientras que dos tercios se deben al aumento de la cotización media por ocupado. Este crecimiento ha superado al del PIB, lo que ha llevado a que las cotizaciones representen un 10,38% del PIB en 2024, en comparación con el 10,28% en 2023. Este diferencial también se debe a que la cotización por afiliado ocupado ha crecido más (4,59%) que la productividad (3,62%).
Un aspecto que merece especial atención es el aumento de las prestaciones contributivas por incapacidad temporal, que se dispararon en el último ejercicio, alcanzando los 16.487 millones de euros, lo que representa un incremento del 17% respecto al año anterior. Desde 2019, esta partida ha crecido un 73%, convirtiéndose en la segunda mayor categoría de gasto de la Seguridad Social, un fenómeno que ha sido exacerbado por el impacto de la pandemia.
Actualmente, existe una mesa de negociación abierta entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales para abordar medidas relacionadas con la incapacidad temporal. Aunque el Gobierno ha afirmado que no hay un enfoque en tratar el impacto económico de este gasto, las organizaciones empresariales han llevado esta cuestión a la mesa de negociación como una de sus principales reivindicaciones.
Además, a los costos de la cobertura de la incapacidad temporal que asume la Seguridad Social, se suman los 14.000 millones de euros que corresponden a las empresas, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Estos costos incluyen gastos derivados de la asunción de responsabilidades entre los días cuatro y quince de cada baja, así como complementos y mejoras durante el periodo de baja, junto con las cotizaciones a la Seguridad Social durante este tiempo.
