En el contexto empresarial español, un fenómeno preocupante ha emergido: la proliferación de empresas fantasma. Según un reciente informe de Informa D&B, más de 517,000 compañías en España no han presentado sus cuentas en el Registro Mercantil durante los últimos dos años, a pesar de estar obligadas a hacerlo. Este hecho no solo plantea interrogantes sobre la salud del tejido empresarial, sino que también incrementa el riesgo de que muchas de estas entidades sean utilizadas para actividades fraudulentas.
El término ‘empresa fantasma’ se refiere a aquellas sociedades que, aunque están registradas, no llevan a cabo ninguna actividad económica y no cumplen con sus obligaciones contables. Este fenómeno ha sido comparado con los ‘zombis empresariales’, que son aquellas empresas que, aunque operan, no generan suficientes ingresos para cubrir sus gastos. La situación actual revela que, mientras el número de empresas zombis ha disminuido de más de 48,000 en 2023 a aproximadamente 35,600 en el presente año, las empresas fantasma han aumentado considerablemente.
El informe destaca que, de las 1.29 millones de empresas activas registradas, una proporción alarmante corresponde a entidades inactivas. Esto representa un riesgo significativo para la economía, ya que estas empresas pueden ser utilizadas como pantalla para eludir impuestos o para llevar a cabo actividades ilegales. Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, subraya que, a pesar de las sanciones existentes por no cumplir con la obligación de presentar cuentas, muchas empresas continúan en esta situación, lo que sugiere una falta de control y supervisión efectiva.
Un análisis más profundo revela que un alto porcentaje de estas empresas fantasma fue constituido entre 1975 y 2000, lo que indica que muchas de ellas han estado inactivas durante décadas. En concreto, el 44% de estas entidades se fundaron en ese periodo, mientras que solo el 7.1% se estableció entre 2021 y 2025. Esto sugiere que la falta de liquidación de estas empresas ha permitido que continúen existiendo sin actividad, lo que plantea la necesidad de una revisión más exhaustiva de las políticas de cierre de empresas.
La concentración geográfica de estas empresas inactivas también es notable. Las comunidades autónomas con mayor número de empresas fantasma son Madrid, Cataluña y Andalucía, que juntas representan casi el 55% del total. Madrid lidera la lista con 99,185 empresas inactivas, seguida de Andalucía con 95,530 y Cataluña con 89,263. En contraste, regiones como La Rioja, Cantabria y Extremadura tienen significativamente menos empresas sin actividad, lo que sugiere que la densidad empresarial y la actividad económica en estas áreas son factores determinantes en la creación de empresas fantasma.
Desde una perspectiva sectorial, el sector de la construcción e inmobiliario es el que más empresas fantasma concentra, con 127,909 entidades inactivas, lo que representa el 24.7% del total. Le sigue el comercio, con 110,818 empresas, y los servicios empresariales, que suman 71,849. En contraste, sectores como la administración y la energía tienen un número mucho menor de empresas inactivas, lo que podría indicar una mayor regulación o control en estas áreas.
La situación de las empresas fantasma en España plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la salud del ecosistema empresarial. La falta de actividad y la no presentación de cuentas no solo afectan a la economía en términos de recaudación fiscal, sino que también pueden contribuir a un entorno de negocios menos competitivo y más propenso a la corrupción. Es fundamental que las autoridades implementen medidas más efectivas para abordar este problema, incluyendo la revisión de las leyes existentes y la mejora de los mecanismos de supervisión y control.
En resumen, el fenómeno de las empresas fantasma en España es un reflejo de una serie de problemas estructurales en el tejido empresarial del país. La necesidad de una regulación más estricta y de un seguimiento más riguroso de las empresas inactivas es evidente, así como la urgencia de abordar las causas subyacentes que permiten la existencia de estas entidades sin actividad.
