La reciente revelación de un escándalo de corrupción en Asturias ha sacudido los cimientos de la política local y nacional. En el centro de esta trama se encuentra la Autovía Salas-La Espina, un proyecto que ha estado en el ojo del huracán desde su licitación en 2019. La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha destapado una serie de irregularidades que involucran a altos funcionarios del Ministerio de Transportes y a empresarios vinculados al PSOE. Este artículo explora los detalles de este caso que ha puesto en jaque al gobierno de Pedro Sánchez.
La Autovía Salas-La Espina, que conecta Oviedo con La Espina, fue un proyecto que tardó más de dos décadas en materializarse. La obra, que abarca un tramo de apenas cinco kilómetros, fue finalmente licitada en enero de 2019, con un presupuesto inicial de 7,5 millones de euros. Sin embargo, lo que parecía ser un avance en la infraestructura asturiana se ha convertido en un símbolo de la corrupción que ha manchado la reputación del PSOE en la región.
Durante el proceso de licitación, se presentaron 22 empresas, pero la UTE conformada por Construcciones Pérez Jiménez y Obras Públicas y Regadíos se destacó al obtener la mayor puntuación, 94,74 puntos, superando a su competidora más cercana por diez puntos. La adjudicación se hizo pública en julio de 2019, y la obra fue inaugurada en noviembre de 2022, con un costo final de 8,5 millones de euros. Sin embargo, las conversaciones entre los involucrados revelan que la adjudicación no fue un proceso limpio, sino que estuvo marcado por la corrupción.
Uno de los personajes clave en esta trama es Koldo García, conocido como el ‘conseguidor’ de la red corrupta. Según los informes, García mantenía una comunicación constante con Javier Herrero, director general de Carreteras, quien parecía estar al tanto de las irregularidades en el proceso de licitación. En una serie de mensajes intercambiados, Herrero expresó su preocupación por la falta de éxito de una empresa amiga en la adjudicación de la obra, sugiriendo que estaban «empujando en Asturias» para conseguir otra oportunidad. Esta comunicación ha llevado a la Guardia Civil a sospechar que podría haber existido algún tipo de soborno a cambio de favorecer a ciertas empresas.
El escándalo no se limita a la Autovía Salas-La Espina. En octubre de 2020, un desprendimiento en la línea de Cercanías C-4 entre Pravia y Gijón resultó en el descarrilamiento de un tren, lo que llevó a Koldo a contactar a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, para asegurar que la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, de la que es propietario José Ruz, obtuviera una adjudicación. Las conversaciones revelan que Koldo estaba al tanto de la situación crítica de la empresa y presionó a Pardo de Vera para que le otorgara una obra de emergencia. Finalmente, Levantina fue seleccionada como adjudicataria sin un concurso previo, lo que ha levantado aún más sospechas sobre la transparencia del proceso.
El informe de la UCO también menciona a otros actores involucrados en la trama, como Toño Fernández, un empresario granadino con vínculos políticos, y Ángel Contreras, quien fue director general de Conservación y Mantenimiento y posteriormente presidente de Adif. Las conversaciones entre estos personajes sugieren que había un sistema bien estructurado para manipular las licitaciones y favorecer a empresas específicas a cambio de beneficios personales o económicos.
La situación ha llevado a un clima de incertidumbre en el PSOE, ya que el escándalo no solo afecta a la reputación del partido en Asturias, sino que también pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. La presión política ha aumentado, y muchos miembros del partido están preocupados por las repercusiones que este caso podría tener en las próximas elecciones. La falta de transparencia y la corrupción en la gestión de obras públicas son temas que han generado un gran descontento entre la ciudadanía, lo que podría traducirse en un castigo electoral para el PSOE.
A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles salgan a la luz, y que se tomen medidas para abordar la corrupción en las licitaciones de obras públicas. La necesidad de una reforma en el sistema de adjudicación de contratos es más evidente que nunca, y la presión para que se implementen cambios significativos aumenta con cada nuevo descubrimiento. La trama de Santos Cerdán en Asturias es un recordatorio de que la corrupción puede estar más cerca de lo que pensamos, y que es responsabilidad de todos exigir transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
