La reciente decisión del Gobierno español, en colaboración con el partido Junts, de exigir a las grandes empresas de España que ofrezcan atención al cliente en catalán ha generado una fuerte reacción en el sector empresarial. Esta medida, que afecta a empresas con 250 o más empleados o con una facturación superior a los 50 millones de euros, ha sido calificada como una injerencia en la libertad empresarial y ha suscitado preocupaciones sobre el aumento de costes y la competitividad.
Los empresarios han expresado su estupor y preocupación ante lo que consideran una cesión del Gobierno al separatismo catalán. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, defendió la medida argumentando que los catalanes deben tener los mismos derechos lingüísticos que los hablantes de otras lenguas en España. Sin embargo, los representantes de las organizaciones empresariales han criticado la imposición de esta obligación, señalando que muchas empresas ya ofrecen atención en catalán de manera voluntaria.
Desde la CEOE, se ha manifestado una clara preocupación por el impacto que esta medida tendrá en los costes operativos de las empresas. Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, ha indicado que la implementación de esta obligación podría traducirse en un aumento del 1.5% en los costes laborales para una empresa de 250 trabajadores. Además, ha advertido que esta medida coarta la libertad de las empresas y los autónomos, obligándolos a asumir cargas adicionales derivadas de disputas políticas.
Miguel Garrido, presidente de CEIM, ha calificado la propuesta como absurda y ridícula, argumentando que las empresas necesitan más diálogo y menos regulación. En este sentido, ha lamentado que el Gobierno priorice su permanencia en el poder sobre las necesidades del tejido empresarial. Por su parte, Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), ha señalado que la medida es flagrantemente inconstitucional, ya que la Constitución establece el español como la única lengua oficial en todo el país.
El sector de la construcción también ha alzado la voz contra esta medida. Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, ha advertido que esta nueva intromisión del Gobierno elevará aún más los costes laborales, que ya son elevados. Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, ha calificado la obligación de atención en catalán como un nuevo arancel interno que perjudica a las pymes y a la libre competencia.
Las organizaciones empresariales han coincidido en que esta medida es redundante, ya que muchas empresas ya ofrecen atención en catalán como parte de su estrategia comercial. Imponer esta obligación por ley, argumentan, solo desviará recursos que deberían destinarse a la modernización y desarrollo de las empresas.
Desde la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, se ha señalado que los miembros de esta organización ya garantizan los derechos lingüísticos de los ciudadanos a través de diferentes canales de atención, sin necesidad de formar a todo el personal en todas las lenguas cooficiales. Miguel Sánchez Galindo, presidente de DigitalES, ha advertido que obligar a las empresas a cumplir con esta exigencia supondría una carga desproporcionada, especialmente en sectores con alta rotación de personal.
La Cámara de Comercio de España también ha expresado su preocupación, advirtiendo que extender la atención al cliente en lenguas cooficiales a toda España podría menoscabar la competitividad de las empresas al incrementar sus costes y carga burocrática. José Manuel González, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR), ha enfatizado que los idiomas deben servir para unir y no para dividir, subrayando la desconexión entre la política y la realidad económica.
La controversia en torno a esta medida refleja las tensiones existentes entre la política y el mundo empresarial en España, donde las decisiones gubernamentales pueden tener un impacto significativo en la operativa y competitividad de las empresas. A medida que se avanza en la tramitación del proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, el sector empresarial sigue a la expectativa de cómo se desarrollará esta situación y qué implicaciones tendrá para el futuro de las empresas en el país.
