La reciente controversia en torno a la Fiscalía General del Estado ha captado la atención de la opinión pública, especialmente en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo, solicitando que se lleve a juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su presunta implicación en la revelación de datos personales del novio de Ayuso. La acusación sostiene que existe una «abrumadora prueba» que justifica la necesidad de avanzar hacia el juicio.
La Apif, representada por el abogado Juan Antonio Frago, argumenta que la instrucción del caso está próxima a su finalización y que es crucial que se celebren las declaraciones de los imputados y de los peritos de la Guardia Civil que han analizado los teléfonos involucrados. La asociación considera que se ha acumulado un «acervo probatorio desmesurado» que justifica el paso a la siguiente fase del proceso judicial. En particular, se ha mencionado el borrado del teléfono del fiscal general, lo que ha suscitado serias dudas sobre su inocencia. La afirmación de que «nadie borra su inocencia» resuena con fuerza en el contexto de este caso, especialmente dado que el fiscal general fue consciente de que se le iba a investigar judicialmente.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha revelado que el teléfono del fiscal general no conserva mensajes de los días en que se produjo la filtración de datos, lo que ha llevado a la Apif a solicitar más información sobre los expedientes relacionados con el caso. La asociación también ha pedido que se investigue si los periodistas que informaron sobre la defensa de González Amador, quien admitió la comisión de delitos fiscales, tuvieron acceso al móvil del fiscal general. Este aspecto es crucial, ya que podría arrojar luz sobre la posible complicidad o negligencia en la gestión de la información sensible.
Por otro lado, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha mencionado en su declaración que deberían existir tres expedientes tramitados en relación con el caso: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior y un tercero en la Fiscalía General del Estado. La Apif sostiene que estos documentos son esenciales para entender la motivación detrás de las decisiones tomadas y la forma en que se manejó la información sobre el querellante, quien, en ese momento, era un ciudadano prácticamente anónimo, cuya única relevancia era su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La acusación también ha cuestionado por qué el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, fue el encargado de la dación de cuenta en lugar de su superior. Este detalle ha llevado a la Apif a plantear serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión de este caso. La asociación ha señalado que la falta de indicios que apunten a otros posibles autores del delito deja en una posición comprometida la dignidad del ministerio fiscal, sugiriendo que no ha habido un esfuerzo genuino por averiguar la verdad, sino más bien un intento de proteger a los cargos investigados.
La situación se complica aún más con las declaraciones testificales que se han llevado a cabo. En particular, la declaración del fiscal Julián Salto, quien denunció a la pareja de Ayuso, ha sido considerada de gran relevancia. Otros testimonios, como el de Salvador Viada, quien presenció una conversación entre el fiscal general y la teniente fiscal del Supremo durante un registro, también han sido destacados por la Apif. Estos testimonios podrían ser clave para establecer la responsabilidad de los imputados en la filtración de datos.
La Apif ha enfatizado la necesidad de que se aporten correos electrónicos y documentos firmados digitalmente que acompañen los expedientes, ya que estos podrían proporcionar información crucial sobre las fechas y momentos clave en la investigación. La falta de claridad en la gestión de la información y la aparente falta de interés en proteger los datos de los ciudadanos han sido criticadas por la asociación, que insiste en que la revelación de información sensible debe ser tratada con la máxima seriedad y responsabilidad.
En este contexto, la presión sobre la Fiscalía General del Estado aumenta, y la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de este caso que no solo afecta a las figuras implicadas, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad y la ética dentro de las instituciones encargadas de velar por la justicia en España. La situación se mantiene en un punto crítico, y el desenlace de este proceso judicial podría tener repercusiones significativas en la política y la administración de justicia en el país.
