La situación política en Barbate ha tomado un giro inesperado tras la denuncia anónima presentada en junio de 2025, que involucra al alcalde Miguel Molina y al abogado José Manuel Carrión. Este escándalo ha desatado una serie de interrogantes sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en la administración local. La denuncia alega que Molina pagó más de 57.000 euros a Carrión, quien ha sido vinculado a casos de alto perfil en Sevilla, a pesar de que las facturas presentadas por el abogado fueron rechazadas por la Intervención municipal por falta de un contrato administrativo adecuado.
La relación entre el alcalde y Carrión no es nueva. En 2022, Molina contrató a Carrión como su secretario particular y, en agosto de 2023, lo nombró gerente de la empresa municipal Innovación y Desarrollo de Barbate, S.L. (Innobar). Este cargo, que le otorgaba un salario de 2.500 euros brutos mensuales por 18 horas de trabajo a la semana, fue objeto de controversia cuando Carrión dimitió en febrero de 2024, alegando dificultades para realizar su trabajo. Sin embargo, un mes después, fue reinstalado en el mismo puesto, pero con un aumento de salario a 2.500 euros netos mensuales y nuevas responsabilidades que incluían funciones de asesoría jurídica.
### La Acumulación de Facturas y la Resistencia de la Intervención
La denuncia también revela que Carrión, a través de su despacho Isbylex Abogados, envió un total de 33 facturas al Ayuntamiento de Barbate, sumando más de 111.000 euros por servicios legales. Las facturas abarcan una variedad de servicios, desde la representación del Consistorio en litigios hasta la interposición de querellas. Sin embargo, la Intervención municipal se opuso al pago de 32 de estas facturas, argumentando que no existía un expediente de contratación administrativa que justificara los pagos. La ley establece que los contratos menores deben ser inferiores a 40.000 euros para obras y 15.000 euros para servicios, lo que complicaba la situación de las facturas presentadas por Carrión.
A pesar de los informes negativos de la Intervención y la Tesorería, que indicaban que los pagos no se ajustaban al plan de disposición de fondos del Ayuntamiento, Miguel Molina decidió levantar los reparos y proceder con los pagos. En un decreto emitido el 30 de enero de 2025, el alcalde argumentó que el no abono de las facturas podría considerarse un enriquecimiento injusto para la administración, lo que llevó a la aprobación del pago de 20.807,17 euros. Posteriormente, el 11 de marzo, se levantó otro reparo para abonar 36.278,26 euros por un segundo lote de facturas.
### Implicaciones Legales y Éticas
La denuncia presentada en la Oficina Andaluza Antifraude sugiere que las acciones de Miguel Molina y José Manuel Carrión podrían constituir un conjunto de actos ilegales que atentan contra los intereses públicos del Ayuntamiento de Barbate. La falta de un contrato administrativo adecuado y la acumulación de pagos a un abogado con vínculos a casos de corrupción en Sevilla han generado un clima de desconfianza entre los ciudadanos.
La situación plantea serias preguntas sobre la ética en la administración pública y la responsabilidad de los funcionarios electos. La gestión de recursos públicos debe ser transparente y estar sujeta a un control riguroso para evitar situaciones de corrupción y abuso de poder. La comunidad de Barbate espera respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes para esclarecer este asunto y restaurar la confianza en su gobierno local.
El escándalo ha captado la atención de la opinión pública y ha llevado a un debate más amplio sobre la necesidad de una mayor supervisión en la contratación de servicios legales por parte de los ayuntamientos. La situación de Barbate podría ser un caso emblemático que impulse reformas en la legislación sobre la contratación pública y la transparencia en la gestión de recursos municipales. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan sus impuestos y a exigir cuentas a sus representantes electos, especialmente en casos donde se sospecha de irregularidades.
La comunidad de Barbate, que ha visto a su alcalde en el centro de esta controversia, espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre la situación y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que la administración pública actúe en beneficio de todos sus ciudadanos. La lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia son esenciales para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones públicas.
