El primer secretario del PSC y exministro, Salvador Illa, ha cumplido un año como presidente de la Generalitat de Cataluña. Este periodo ha estado marcado por un intento de normalización política y económica en la región, tras años de tensiones provocadas por el independentismo. Illa ha enfatizado la necesidad de frenar la competencia desleal y el dumping fiscal que, según él, proviene de Madrid. En este contexto, la inspección de Hacienda ha expresado su preocupación por el traspaso de personal a la Agencia Tributaria catalana, lo que ha generado un debate sobre la autonomía fiscal de la comunidad.
Desde su investidura, el 8 de agosto de 2024, Illa ha buscado consolidar un gobierno que se presente como el de todos los catalanes, en un momento en que el independentismo parece haber perdido fuerza. La vuelta de varias grandes empresas que habían trasladado su sede social durante el auge del proceso independentista, como la Fundación La Caixa y Banco Sabadell, ha sido un indicador positivo para el mensaje de estabilidad que el Govern quiere transmitir.
En términos económicos, BBVA Research ha pronosticado un crecimiento del PIB de Cataluña del 2,6% para este año, superando la media nacional. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Barcelona ha ajustado ligeramente sus previsiones, manteniendo un crecimiento estable para 2026. La opinión pública también ha mostrado cambios significativos, con la vivienda emergiendo como la principal preocupación de los ciudadanos, algo que no ocurría desde 2007. El apoyo al independentismo ha caído a niveles históricos, alrededor del 40%, lo que refleja una creciente división entre sus partidarios.
El cumplimiento de pactos políticos ha sido un tema recurrente. Junts y ERC, dos de las principales fuerzas políticas en el Parlament, han exigido al Gobierno central y a Illa varias demandas históricas, como la financiación bilateral y la creación de una Hacienda propia. La Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2024, ha sido un punto de controversia, y su convalidación por parte del Tribunal Constitucional ha generado expectativas sobre su futuro.
El Govern ha manifestado su intención de aumentar el gasto público en 2026, con planes de inversión que incluyen la construcción de 5,000 viviendas públicas hasta 2030 y un ambicioso proyecto denominado Catalunya Lidera, que busca posicionar a la comunidad como la mayor contribuyente al PIB de España. Sin embargo, BBVA Research ha advertido sobre la necesidad de controlar el gasto, dado el contexto de ralentización de los ingresos tributarios y el alto nivel de deuda.
En lo que va del año, el Parlament ha aprobado solo nueve leyes, lo que ha llevado a la prórroga de los presupuestos por segundo año consecutivo. La bilateralidad en la financiación ha avanzado, aunque Junts no garantiza su apoyo en el Congreso, lo que podría complicar la implementación de las reformas prometidas. La Agencia Tributaria de Cataluña está en proceso de asumir la recaudación de impuestos, aunque este traspaso ha sido criticado por inspectores de Hacienda y otros profesionales.
En cuanto a la deuda, se espera que entre finales de 2025 y principios de 2026 se materialice la condonación del 22% de la deuda del Govern, que asciende a más de 17,000 millones de euros. Esta medida fue solicitada por ERC a cambio de su apoyo al Gobierno de Sánchez. A pesar de esto, el Govern también está considerando regresar a los mercados para reducir su dependencia financiera del Estado.
El PSC ha logrado un importante respaldo en las últimas elecciones generales, obteniendo más de 1.2 millones de votos, lo que ha sido crucial para la continuidad de Sánchez en el poder. Sin embargo, la dependencia del independentismo complica las expectativas del partido en otras regiones, como Andalucía.
En el ámbito de infraestructuras, Illa ha reactivado proyectos que llevaban años paralizados, como un plan hídrico para garantizar el suministro en épocas de sequía y la ampliación del metro. Sin embargo, la política fiscal ha continuado con aumentos, incluyendo la tasa turística y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que ha generado críticas entre los ciudadanos.
Recientemente, Illa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intercambiaron acusaciones sobre la fiscalidad en sus respectivas comunidades. Illa denunció las prácticas de dumping fiscal de Madrid, mientras que Ayuso defendió que su comunidad aporta significativamente a la recaudación nacional. Este cruce de declaraciones refleja las tensiones persistentes entre las dos regiones, en un contexto donde la política fiscal y la economía son temas centrales en la agenda pública.
