En un contexto de creciente descontento entre los empleados públicos, los sindicatos UGT y CCOO han convocado una manifestación programada para el próximo 8 de julio a las 11:30 horas frente a la sede del Ministerio de Hacienda. Esta movilización surge como respuesta a lo que consideran un incumplimiento por parte de la Administración en relación a diversas demandas laborales que afectan a los funcionarios y personal estaturario. La situación se ha vuelto crítica, ya que los trabajadores públicos se encuentran a la espera de soluciones concretas para varios temas que han quedado en el limbo, como la jubilación parcial, la implementación de la jornada laboral de 35 horas y la estabilización de los procesos de empleo público.
La protesta se enmarca en un contexto más amplio de reivindicaciones laborales que han ido tomando fuerza en los últimos meses. Los sindicatos han señalado que, a pesar de la reciente aprobación de una subida del 0,5% en los salarios de los funcionarios, esta medida es vista como insuficiente y tardía, especialmente considerando que la inflación acumulada en los últimos tres años ha superado el 8%. Los trabajadores públicos han expresado su frustración ante la falta de atención a sus demandas, que incluyen no solo mejoras salariales, sino también la creación de empleo neto y la garantía de atención presencial en los servicios públicos.
### Demandas Clave de los Sindicatos
Entre las principales reivindicaciones de UGT y CCOO se encuentra la necesidad de implementar la jubilación parcial para el personal laboral, un derecho que fue perdido durante los recortes de la administración anterior. Aunque en diciembre pasado se alcanzó un acuerdo para recuperar este derecho para funcionarios y personal estaturario, el proceso ha estado estancado en el trámite parlamentario de la Ley de Función Pública. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre entre los trabajadores, quienes ven cómo sus derechos laborales se ven comprometidos por la falta de acción del Gobierno.
Además, los sindicatos han subrayado la importancia de abordar la clasificación profesional de acuerdo con el actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales. Esta medida es fundamental para garantizar que los empleados públicos cuenten con un marco claro y justo que reconozca sus competencias y responsabilidades. También han exigido el desarrollo de planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, lo que refleja una creciente preocupación por la creación de un entorno laboral seguro y equitativo.
La movilización del 8 de julio se produce en un momento crucial, ya que se espera una nueva reunión con el Ministerio de Función Pública para discutir la Oferta Pública de Empleo de 2025. La oferta de 2024 fue histórica, con más de 40,000 plazas, pero aún persiste la tasa de reposición, un compromiso que no ha sido cumplido por la actual administración. Los sindicatos han manifestado su deseo de que esta nueva oferta no solo se mantenga, sino que se amplíe para garantizar que se cubran las necesidades de personal en el sector público.
### Contexto Económico y Laboral
El contexto económico actual ha exacerbado las tensiones entre los empleados públicos y la Administración. La reciente subida salarial del 0,5% ha sido recibida con escepticismo, ya que muchos trabajadores consideran que no compensa el aumento del costo de vida. La falta de medidas efectivas para abordar la precariedad laboral y la temporalidad en el empleo público ha llevado a un aumento en la insatisfacción entre los funcionarios, quienes sienten que sus derechos y condiciones laborales están siendo ignorados.
La situación se complica aún más con la incertidumbre política y económica que enfrenta el país. Las decisiones del Gobierno en materia de empleo público y derechos laborales serán cruciales en los próximos meses, y los sindicatos están decididos a hacer oír su voz. La movilización del 8 de julio es solo una de las muchas acciones que se están llevando a cabo para exigir un cambio real en las políticas laborales que afectan a los trabajadores del sector público.
En resumen, la protesta convocada por UGT y CCOO es un reflejo de la creciente frustración entre los empleados públicos ante la falta de atención a sus demandas. Con una serie de reivindicaciones que abarcan desde mejoras salariales hasta la implementación de derechos laborales fundamentales, los sindicatos están decididos a luchar por un futuro más justo y equitativo para todos los trabajadores del sector público. La respuesta del Gobierno a estas demandas será clave para determinar el rumbo de las relaciones laborales en el ámbito público en los próximos años.
