En un impactante giro de los acontecimientos, Japón ha llevado a cabo la ejecución de Takahiro Shiraishi, conocido como el ‘asesino de Twitter’, quien fue condenado por el asesinato y descuartizamiento de nueve personas. Este caso ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino también por el debate que ha suscitado sobre la pena de muerte en el país.
Shiraishi, que en el momento de sus crímenes tenía poco más de veinte años, utilizaba las redes sociales para atraer a sus víctimas, muchas de las cuales eran jóvenes que expresaban pensamientos suicidas. A través de Twitter, contactaba con ellas, ofreciéndoles su ayuda para acabar con su sufrimiento. Sin embargo, lo que comenzó como una aparente oferta de apoyo se convirtió en una serie de asesinatos brutales. Las víctimas, en su mayoría mujeres de entre 15 y 26 años, fueron llevadas a su apartamento en Zama, cerca de Tokio, donde fueron estranguladas y mutiladas.
El modus operandi de Shiraishi fue descrito por el ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, quien destacó que el asesino golpeaba, estrangulaba y desmembraba a sus víctimas. Algunos de los restos fueron encontrados en cajas, mientras que otros fueron desechados en vertederos. La motivación detrás de estos horrendos actos fue, según las autoridades, una combinación de deseos sexuales y financieros, lo que añade una capa de horror a la ya escalofriante narrativa.
El juicio de Shiraishi se llevó a cabo en 2020, donde fue condenado a muerte. Durante el proceso, sus abogados argumentaron que sus crímenes deberían considerarse delitos menores, ya que las víctimas habían manifestado su deseo de morir. Sin embargo, el tribunal desestimó esta defensa, señalando que las víctimas no habían dado su consentimiento y que, de hecho, habían mostrado resistencia durante los ataques. La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad de Shiraishi, quien finalmente fue sentenciado a la pena capital.
La ejecución de Shiraishi, que tuvo lugar el 27 de junio de 2025, marcó la primera vez en tres años que Japón llevó a cabo una ejecución. Este hecho ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en el país, que es uno de los pocos en el mundo desarrollado que aún mantiene esta práctica. A pesar de la controversia, la pena capital goza de un amplio apoyo entre la población japonesa. Una encuesta reciente reveló que el 83% de los encuestados considera que es una medida necesaria para la justicia.
En Japón, las ejecuciones se llevan a cabo mediante ahorcamiento y suelen ser comunicadas a los reos con muy poca antelación. La ley establece que la condena debe ejecutarse en un plazo máximo de seis meses tras la sentencia definitiva, aunque en la práctica, muchos condenados pasan años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutados. En el caso de Shiraishi, su condena se prolongó durante más de tres años, lo que ha suscitado críticas sobre la eficacia y la humanidad del sistema penal japonés.
La reciente ejecución de Shiraishi también ha coincidido con el indulto de otro reo, Iwao Hakamata, quien había estado en el corredor de la muerte durante más de 40 años. Este contraste ha puesto de relieve las inconsistencias en el sistema judicial japonés y ha generado un debate sobre la aplicación de la pena de muerte en casos de crímenes graves.
La historia de Takahiro Shiraishi es un recordatorio escalofriante de los peligros que pueden surgir en el uso de las redes sociales y la vulnerabilidad de aquellos que buscan ayuda en momentos de desesperación. Su caso ha dejado una marca indeleble en la sociedad japonesa, planteando preguntas difíciles sobre la justicia, la moralidad y el futuro de la pena de muerte en un país que se debate entre la tradición y la modernidad.
