La reciente cumbre de la OTAN en La Haya ha puesto de manifiesto las tensiones entre los compromisos de gasto militar de los países miembros, especialmente en el caso de España. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha corregido al presidente español, Pedro Sánchez, sobre las expectativas de gasto en defensa, sugiriendo que España necesitará aumentar su inversión militar en aproximadamente 22.000 millones de euros. Esto se produce en un contexto donde la seguridad global se percibe como cada vez más amenazada.
Durante la cumbre, Rutte enfatizó que, aunque el acuerdo alcanzado el domingo pasado proporciona más flexibilidad a los países para determinar su gasto militar, España aún enfrenta la necesidad de cumplir con un porcentaje más alto de su PIB en defensa. Mientras que Sánchez había argumentado que España podría cumplir con sus compromisos con un gasto del 2,1% del PIB, Rutte insistió en que la OTAN considera que el país debería destinar al menos un 3,5% para cumplir con los estándares requeridos.
Este desacuerdo se produce en un momento en que el Gobierno español se enfrenta a dificultades para aprobar un presupuesto que contemple un aumento significativo en el gasto militar. La presión política interna, junto con el escándalo de corrupción que afecta al PSOE, ha llevado a Sánchez a adoptar una postura firme, afirmando que un aumento al 5% del PIB en defensa implicaría recortes en el estado del bienestar y un aumento de impuestos.
El nuevo acuerdo de la OTAN introduce lo que se ha denominado una «ambigüedad constructiva», permitiendo que el 5% de gasto en defensa sirva como guía, pero sin imponerlo de manera estricta. Esto significa que, aunque se espera que los países cumplan con ciertos objetivos de capacidad militar, no se les exigirá un porcentaje fijo de gasto. Sin embargo, la presión sigue siendo alta, especialmente con la insistencia de Estados Unidos en que todos los aliados deben comprometerse a un gasto mínimo del 5%.
Rutte ha propuesto un enfoque dual para el gasto militar, dividiendo el aumento en dos tramos: uno más estricto, que se centraría en gastos militares tradicionales, y otro más flexible, que incluiría inversiones en seguridad cibernética y protección de infraestructuras críticas. Esta estrategia busca equilibrar las necesidades de defensa con las realidades económicas de cada país.
A pesar de los esfuerzos de Sánchez por justificar el gasto del 2,1%, la OTAN ha dejado claro que no habrá excepciones para España. Rutte ha señalado que, aunque el país puede tener un enfoque diferente, todos los miembros deben cumplir con los compromisos acordados. Esto ha generado un clima de incertidumbre sobre cómo España podrá manejar sus obligaciones financieras en el futuro, especialmente con la presión de otros aliados que podrían buscar un trato similar.
La cumbre también ha abordado otros temas críticos, como el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y la necesidad de un plan de inversión en defensa que asegure la seguridad a largo plazo de la Alianza. Rutte ha subrayado la importancia de un esfuerzo concertado para impulsar la industria de defensa en toda la OTAN, lo que no solo aumentaría la seguridad, sino que también generaría empleo.
En medio de estas discusiones, la situación en Irán también ha sido un punto de atención. Rutte ha reiterado que los aliados están de acuerdo en que Irán no debe desarrollar armas nucleares, aunque no se ha profundizado en las implicaciones de las acciones militares de Estados Unidos en la región.
La cumbre de La Haya ha dejado claro que la OTAN está en un punto de inflexión, donde los compromisos de defensa se están redefiniendo en un contexto de creciente inestabilidad global. A medida que los líderes de la Alianza se preparan para firmar nuevos acuerdos, la presión sobre España y otros países para aumentar su gasto militar se intensificará, lo que podría tener repercusiones significativas en la política interna y en la percepción pública sobre la seguridad y el bienestar en el futuro.
