La estación de trenes Santa Justa en Sevilla ha sido el epicentro de una crisis significativa en el servicio de AVE, que ha dejado a cientos de pasajeros varados y ha generado un clima de indignación y tensión. Este incidente, que ocurrió el 11 de mayo de 2025, se debió a una avería técnica en un convoy que cubría la ruta Madrid-Sevilla, lo que provocó un efecto dominó que afectó a ocho trenes y colapsó la estación. La situación se tornó tan crítica que fue necesario el despliegue de la Policía Nacional para controlar el descontento de los viajeros, quienes se encontraban frustrados por la falta de información y soluciones adecuadas.
La jornada del 11 de mayo coincidía con el cierre de la Feria de Abril, un evento que atrae a miles de visitantes a la ciudad, lo que intensificó aún más la presión sobre el sistema ferroviario. Los pasajeros, que esperaban ansiosos sus trenes, se encontraron con un ambiente cargado de tensión, donde la paciencia se agotaba rápidamente. Una usuaria, en tono de broma, mencionó que estaba «rezando» para que su tren saliera a tiempo, reflejando el estado de ánimo general de los viajeros.
La crisis no solo ha afectado a los pasajeros, sino que también ha reabierto las heridas políticas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, no tardó en criticar la situación a través de sus redes sociales, calificando el episodio de «yincana» y denunciando el «deterioro progresivo» de las infraestructuras ferroviarias. Moreno exigió soluciones urgentes al Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que Andalucía recibe un trato desigual en comparación con otras comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco.
### La Infraestructura de Santa Justa y sus Desafíos
La estación de Santa Justa, diseñada por los arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz, ha alcanzado cifras récord de viajeros en los últimos años. Sin embargo, su infraestructura se encuentra al límite, gestionando trayectos de tres compañías diferentes y enfrentando continuas incidencias. A pesar de que se prevé una gran reforma que incluirá la construcción de un intercambiador y la reurbanización de los alrededores, los problemas actuales han puesto de manifiesto la necesidad urgente de mejoras.
El silencio del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante este episodio ha sido notable. Tras semanas de intercambios verbales con la Junta, su falta de respuesta podría interpretarse como un intento de desescalar la tensión. Sin embargo, la ausencia de comunicación oficial ha dejado a muchos ciudadanos sintiéndose ignorados y frustrados. Renfe, por su parte, informó que el horario se restableció completamente alrededor de las 20:00 horas, ocho horas después de que comenzara la incidencia.
Este nuevo colapso en el servicio de AVE no es un caso aislado. Hace apenas una semana, durante el cierre del Puente de Mayo, un supuesto sabotaje por robo de cables dejó a más de diez mil viajeros atrapados, lo que llevó a la Junta a acusar al Ministerio de incompetencia. La consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, ha sido contundente en sus declaraciones, afirmando que el Gobierno ha «dilapidado un servicio fiable y puntual» y lo ha convertido en un «auténtico despropósito».
La situación en Santa Justa ha trascendido lo meramente técnico y se ha convertido en un símbolo de la lucha política entre administraciones. El refuerzo policial no solo busca garantizar el orden, sino que también representa la magnitud de un problema que afecta a miles de ciudadanos. La falta de información y soluciones efectivas ha llevado a los usuarios a expresar su descontento, convirtiendo su frustración en un arma política en el contexto de la pugna entre la Junta y el Gobierno central.
A medida que la crisis del AVE continúa, la presión sobre las autoridades para que tomen medidas efectivas se intensifica. Los ciudadanos exigen respuestas y soluciones que garanticen un servicio ferroviario fiable y eficiente, y la situación en Santa Justa es un claro recordatorio de que las infraestructuras deben ser una prioridad en la agenda política. La indignación de los usuarios, sumada a la tensión política, plantea un escenario complicado que requerirá atención y acción inmediata por parte de las autoridades competentes.
