La reciente Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada el 5 de mayo, ha puesto de manifiesto la creciente tensión entre el Gobierno español y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Este encuentro, que se prolongó por más de cuatro horas, se centró en el controvertido tema del reparto de menores migrantes no acompañados, un asunto que ha generado un profundo desacuerdo y ha evidenciado la falta de consenso entre las partes involucradas.
### La Tensión Creciente en la Conferencia Sectorial
Durante la reunión, la ministra de Infancia, Sira Rego, expresó su frustración ante la falta de propuestas concretas por parte de las comunidades del PP. Según Rego, estas autonomías acudieron a la conferencia sin ofrecer soluciones, lo que contribuyó a un ambiente de bloqueo. La ministra acusó al PP de dejarse influenciar por la retórica de Vox, sugiriendo que existe una agenda política que está obstaculizando la búsqueda de soluciones efectivas para el problema de los menores migrantes.
La situación se complica aún más con la reciente modificación de la ley de extranjería, que ha sido objeto de críticas por parte de los líderes autonómicos. Las comunidades gobernadas por el PP han anunciado su intención de recurrir esta modificación ante el Tribunal Constitucional, argumentando que se trata de una medida impuesta sin el debido proceso y que no cuenta con el respaldo necesario.
Uno de los puntos más críticos de la reunión fue la falta de acuerdo sobre el mecanismo de reparto de los menores migrantes. Las comunidades autónomas expresaron su descontento por no haber podido votar sobre este mecanismo, lo que consideran una falta de respeto a su autonomía y capacidad de decisión. La vicepresidenta primera de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, fue una de las voces más críticas, exigiendo al Gobierno que desarrolle una política migratoria coherente y que no imponga decisiones sin un diálogo adecuado.
### Reacciones de las Comunidades Autónomas
Las reacciones de las comunidades autónomas tras la conferencia fueron variadas, pero en su mayoría reflejaron un sentimiento de decepción y frustración. Canarias, que se encuentra en el centro de esta crisis, expresó su descontento por la falta de avances y la sensación de que sus preocupaciones no estaban siendo tomadas en cuenta. La comunidad autónoma ha sido una de las más afectadas por la llegada de menores migrantes, y sus líderes han manifestado que la situación es insostenible.
Por su parte, Baleares calificó la reunión como una «tomadura de pelo», señalando que el proceso de votación fue interrumpido debido a la falta de unanimidad, lo que impidió que se llegara a una solución concreta. Esta falta de acción ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad del Gobierno en la gestión de esta crisis humanitaria.
El Gobierno vasco, aunque menos crítico, también lamentó la falta de propuestas constructivas durante la reunión. Los representantes de esta comunidad señalaron que, a pesar de la preocupación general por la situación de los menores en Canarias, no se presentaron soluciones viables, lo que refleja una falta de compromiso por parte de las comunidades del PP.
La ministra Rego, tras la reunión, anunció un nuevo plazo de diez días para que las comunidades autónomas actualicen los datos sobre los menores migrantes. Este plazo es crucial, ya que permitirá al Ministerio de Infancia calcular el número de menores que serán redistribuidos entre las diferentes autonomías, basándose en los criterios establecidos en el decreto ley. Sin embargo, la falta de confianza entre el Gobierno y las comunidades del PP plantea serias dudas sobre la efectividad de este proceso.
La situación actual pone de relieve la complejidad de la gestión de la migración en España, especialmente en un contexto donde las tensiones políticas están a la orden del día. La falta de un enfoque unificado y la creciente polarización política dificultan la implementación de políticas efectivas que aborden las necesidades de los menores migrantes y, al mismo tiempo, respeten la autonomía de las comunidades.
A medida que se acerca el final del nuevo plazo establecido por el Gobierno, las comunidades autónomas deberán decidir cómo proceder ante una situación que no solo afecta a los menores migrantes, sino que también pone a prueba la capacidad del Gobierno para gestionar crisis complejas en un entorno político cada vez más dividido. La presión está sobre la mesa, y las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales para el futuro de muchos menores en situación de vulnerabilidad.
