El 28 de abril de 2025, España vivió un apagón masivo que ha sido calificado como el mayor en la historia del país. Este evento, que comenzó a las 12:32 horas, afectó a toda la península ibérica, paralizando el transporte público, las telecomunicaciones y la actividad comercial durante más de siete horas. La situación se complicó aún más cuando se confirmó que el apagón también tuvo repercusiones en Portugal y en algunas zonas de Francia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió a la población para asegurar que se estaban investigando todas las posibles causas del apagón, incluyendo la posibilidad de un ciberataque. Sin embargo, expertos en el sector eléctrico consideran que esta hipótesis es poco probable. La Red Eléctrica de España, responsable de la gestión de la red de alta tensión, informó que el apagón se debió a una desconexión automática del sistema europeo, provocada por una «oscilación severa» en la frecuencia eléctrica.
El fenómeno conocido como «cero energético» ocurre cuando hay un desbalance abrupto entre la generación y la demanda de electricidad. En este caso, la desconexión se activó como medida de autoprotección, lo que resultó en la paralización total del suministro eléctrico en los nodos principales de la red. Cuanto más severo es el evento, más nodos se ven afectados, lo que se traduce en un apagón de mayor magnitud.
Desde las primeras horas del apagón, se comenzaron a recibir informes sobre variaciones bruscas en la frecuencia de la red, lo que indicaba que algo no estaba funcionando correctamente. Las empresas eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, que operan en un mercado con aproximadamente 30 millones de contratos, se encuentran bajo la lupa tras este incidente. La situación es crítica, ya que se estima que podrían enfrentar miles de millones en indemnizaciones debido a las reclamaciones de los consumidores.
Uno de los factores que ha generado preocupación es el aumento en la producción de energía renovable, especialmente solar, que alcanzó un récord histórico el día del apagón. La producción solar estaba prevista para ser la mayor fuente de energía, con 202 gigavatios hora (GWh), lo que representaba casi el 30% de toda la generación eléctrica. Sin embargo, la incapacidad del sistema para absorber esta producción masiva ha sido señalada como una posible causa del desbalance que llevó al apagón.
Además, el mercado mayorista de electricidad estaba experimentando precios extremadamente bajos, incluso negativos, lo que refleja el caos en el sistema eléctrico. Este descontrol en los precios ha sido un problema recurrente en los últimos meses, lo que ha llevado a un aumento en las tensiones entre el Gobierno y las empresas eléctricas, especialmente en relación con el futuro de las centrales nucleares.
El Gobierno ha manifestado su intención de cerrar estas centrales, mientras que las empresas eléctricas abogan por su mantenimiento, argumentando que son esenciales para garantizar la estabilidad del suministro. Esta tensión se ha intensificado en un contexto donde se requiere una inversión significativa en la infraestructura eléctrica para evitar futuros colapsos.
Los derechos de los consumidores para reclamar compensaciones por cortes de luz están claramente establecidos en la normativa. Los afectados pueden presentar reclamaciones tanto a la empresa comercializadora como a la distribuidora de energía. Sin embargo, la responsabilidad final sobre el apagón y las indemnizaciones aún está en discusión, ya que la Red Eléctrica, que gestiona la infraestructura de alta tensión, es la que técnicamente provocó el corte.
Las interrupciones imprevistas, como la que ocurrió el 28 de abril, son consideradas graves y deben ser atendidas en un tiempo razonable, dependiendo de la magnitud del corte. En Madrid, por ejemplo, las empresas suministradoras tienen un plazo máximo de tres horas para restablecer el servicio si el corte afecta al 70% del mercado, y de seis horas si afecta al 100%.
El apagón ha dejado al descubierto las vulnerabilidades del sistema eléctrico español y ha generado un debate sobre la necesidad de una regulación más clara y de inversiones en tecnologías que puedan estabilizar la red, como sistemas de baterías. A medida que se avanza en la investigación de este incidente, la atención se centra en cómo se gestionará la crisis y quién asumirá la responsabilidad por los daños causados a los consumidores.
