La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, ha emitido una orden para investigar ciertos procedimientos quirúrgicos relacionados con la afirmación de género, a los que se refiere como «mutilación genital femenina». Este anuncio se realizó a través de un memorando del Departamento de Justicia, donde Bondi argumenta que médicos, hospitales y clínicas están llevando a cabo prácticas ilegales al realizar operaciones en menores de edad bajo el pretexto de atención médica.
En el memorando, Bondi enfatiza que es un delito grave realizar, intentar realizar o conspirar para realizar mutilación genital femenina en menores de 18 años, con penas que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión por cada caso. Además, la Fiscal General ha solicitado que se investigue si los fabricantes y distribuidores de bloqueadores de la pubertad, hormonas sexuales y otros medicamentos han incurrido en publicidad engañosa o han omitido información sobre efectos adversos en sus comunicaciones comerciales.
Un portavoz del Departamento de Justicia se abstuvo de hacer comentarios adicionales más allá del contenido del memorando, que menciona una orden ejecutiva del presidente Donald Trump emitida en enero. Esta orden suspendió la financiación federal a los proveedores de atención médica que ofrecen tratamientos de transición de género, aunque ha sido impugnada en los tribunales.
Organizaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, defienden que la atención de afirmación de género, incluidos los procedimientos quirúrgicos adecuados, es un tratamiento médicamente necesario. Estas organizaciones argumentan que los proveedores de atención médica que ofrecen estos servicios obtienen el consentimiento informado de los pacientes, siguiendo las directrices clínicas establecidas.
Además de las acciones penales, Bondi ha instruido a la División Civil del Departamento de Justicia para que inicie acciones relacionadas con la atención de afirmación de género. Esto incluye la orden a la División de Protección al Consumidor para investigar cualquier infracción cometida por fabricantes o distribuidores de medicamentos que hagan afirmaciones falsas sobre bloqueadores de la pubertad, hormonas sexuales y otros fármacos.
La decisión de la Fiscal General ha generado un intenso debate en la sociedad estadounidense, donde la atención de afirmación de género es un tema polarizador. Por un lado, hay quienes apoyan la investigación y argumentan que se deben proteger a los menores de decisiones irreversibles. Por otro lado, hay un fuerte respaldo a la atención médica de afirmación de género como un derecho fundamental para las personas transgénero, especialmente los jóvenes que buscan apoyo en su identidad de género.
La situación se complica aún más por el contexto político en el que se desarrolla. La administración Trump ha sido criticada por sus políticas hacia la comunidad LGBTQ+, y esta nueva medida se suma a una serie de acciones que han sido vistas como un ataque a los derechos de las personas trans.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han expresado su preocupación por la orden de Bondi, argumentando que la criminalización de la atención médica de afirmación de género puede tener consecuencias devastadoras para los jóvenes trans. Estas organizaciones advierten que la falta de acceso a atención médica adecuada puede llevar a un aumento en la salud mental y emocional de estos jóvenes, quienes ya enfrentan altos niveles de discriminación y violencia.
En este contexto, es probable que la discusión sobre la atención de afirmación de género continúe en el ámbito legal y social. La investigación ordenada por la Fiscal General podría abrir la puerta a una serie de juicios y debates sobre la legalidad y la ética de los procedimientos de afirmación de género, así como sobre el papel del gobierno en la regulación de la atención médica.
Mientras tanto, los proveedores de atención médica que ofrecen estos servicios se preparan para enfrentar un entorno cada vez más hostil, lo que podría afectar su capacidad para brindar atención a quienes más la necesitan. La comunidad médica y los defensores de los derechos humanos están en alerta ante los posibles cambios que podrían surgir de esta investigación y sus implicaciones para el futuro de la atención de afirmación de género en Estados Unidos.
