Las autoridades israelíes han intensificado su cerco sobre Gaza, implementando medidas que han sido calificadas como un castigo colectivo. Esta estrategia busca presionar a Hamás para que acepte un acuerdo que contemple la entrega de rehenes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha afirmado que «ninguna ayuda humanitaria» ingresará a Gaza hasta que se logre un pacto, lo que ha generado un clima de tensión y protestas en la región.
La situación en Gaza ha llevado a cientos de personas a manifestarse en las calles, expresando su descontento no solo contra el gobierno israelí, sino también contra Hamás. Esta dualidad en las protestas refleja el impacto del cerco, que utiliza el hambre y la sed como herramientas de guerra. Katz ha abierto la puerta a la posibilidad de enviar ayuda humanitaria, pero solo bajo un mecanismo que garantice que no caiga en manos de los islamistas. Esta propuesta ha sido rechazada por varios ministros israelíes, quienes consideran que permitir la entrada de asistencia sería un grave error.
Desde la oposición, las críticas han sido contundentes. El exministro de Defensa, Avigdor Liberman, ha calificado la llegada de ayuda como una rendición, lo que ha llevado a Katz a endurecer su postura. En este contexto, las agencias de la ONU han respondido recordando que ya cuentan con mecanismos para asegurar que la ayuda llegue a los más necesitados, enfatizando que el suministro ha sido obstaculizado durante demasiado tiempo.
El conflicto ha cobrado un alto precio en términos de vidas humanas, con un número alarmante de periodistas y civiles muertos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 175 trabajadores de medios han sido asesinados en Gaza desde octubre de 2023, mientras que fuentes palestinas elevan esta cifra a 210. Este contexto de violencia ha llevado a la comunidad internacional a expresar su preocupación por la situación humanitaria en la región.
Además del cerco, las fuerzas israelíes han intensificado sus bombardeos desde el 18 de marzo, tras la ruptura unilateral del acuerdo de alto el fuego. Actualmente, los militares israelíes controlan casi el 50% del territorio de Gaza, lo que ha provocado un desplazamiento masivo de la población. Katz ha indicado que las fuerzas israelíes tienen la intención de permanecer en la región de manera indefinida, extendiendo su influencia a bases militares en Siria y Líbano.
A pesar de la falta de combates en el último mes, la tensión persiste. Fuentes militares han advertido que una nueva ofensiva podría colapsar las negociaciones de alto el fuego y poner en peligro a los rehenes que Hamás aún mantiene. La situación es delicada, y aunque el diálogo entre ambas partes sigue abierto, las posturas se encuentran distantes. Israel exige el desarme total de Hamás, una condición que los islamistas consideran inaceptable.
En medio de este conflicto, Hamás ha intentado utilizar la guerra psicológica como estrategia, alegando haber perdido contacto con la unidad encargada de custodiar a un rehén estadounidense tras un bombardeo israelí. Asimismo, la Yihad Islámica ha difundido un video de un rehén capturado, intensificando la presión sobre Israel.
La comunidad internacional observa con preocupación la escalada del conflicto y sus repercusiones en la población civil de Gaza. Las tensiones entre Israel y Hamás continúan, y la posibilidad de un acuerdo parece lejana. La situación humanitaria se agrava, y las voces que claman por una solución pacífica se hacen cada vez más urgentes en un contexto donde el sufrimiento de la población civil es palpable.
