El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se encuentra en una intensa búsqueda de apoyos parlamentarios para implementar un ambicioso plan de protección a empresas y trabajadores frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este plan, que moviliza un total de 14.300 millones de euros, busca mitigar el impacto de la guerra comercial iniciada por Donald Trump, considerada como uno de los mayores choques comerciales en la historia reciente.
La estrategia del Gobierno se centra en establecer un consenso amplio que permita la aprobación del Real Decreto-ley que se presentó recientemente. Para ello, Cuerpo ha estado en contacto con diferentes grupos políticos, realizando concesiones y ajustes al texto original para incorporar sugerencias de la oposición. Sin embargo, estas cesiones han generado tensiones, especialmente con el Partido Popular (PP), que ha denunciado que el Gobierno está favoreciendo a otros grupos, como Junts, en detrimento de su apoyo.
Uno de los puntos clave del plan es la creación de un sistema de rendición de cuentas que permita un control parlamentario más riguroso sobre la ejecución de las medidas. A instancias del PP, se ha acordado que el Gobierno comparezca trimestralmente para informar sobre el avance de las iniciativas. Además, se ha incrementado el presupuesto destinado a la internacionalización de empresas, que pasará de 500 millones a 720 millones de euros, con el objetivo de ayudar a las empresas afectadas a encontrar nuevos mercados.
El Gobierno también ha decidido limitar la duración de la moratoria contable, que inicialmente se pensaba extender hasta 2027, a finales de 2025. Esta medida busca evitar que las pérdidas acumuladas durante la pandemia afecten la viabilidad de las empresas. Asimismo, se ha acordado garantizar un equilibrio territorial en el reparto de los fondos, aunque el Gobierno ha aclarado que no se establecerán cuotas regionales fijas.
Cuerpo ha enfatizado la importancia de un enfoque colaborativo y ha mantenido reuniones constantes con los diferentes grupos políticos para asegurar que el plan se ajuste a las necesidades de todos. Sin embargo, la inclusión de criterios que beneficien a Cataluña ha generado descontento en el PP, que considera que esto podría alejar su apoyo al plan.
A pesar de las dificultades, el ministro ha manifestado su intención de seguir dialogando con el PP y otros grupos para lograr un acuerdo que permita la aprobación del plan. La situación actual exige una respuesta rápida y efectiva, dado el impacto que los aranceles de Trump están teniendo en la economía española, especialmente en sectores clave como la agricultura y la industria.
El Gobierno también está considerando la posibilidad de implementar ayudas directas a las empresas en el futuro, dependiendo de la evolución de la situación y del impacto de los aranceles. Esta flexibilidad en la estrategia es crucial para adaptarse a un entorno económico incierto y en constante cambio.
En resumen, el Gobierno español está trabajando arduamente para establecer un marco de apoyo a las empresas y trabajadores afectados por la guerra comercial, buscando un equilibrio entre las demandas de diferentes grupos políticos y la necesidad de una respuesta efectiva ante los desafíos económicos actuales. La próxima votación en el Congreso será un momento clave para determinar el futuro de este plan y su capacidad para mitigar los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
