La reciente decisión del Gobierno español de retirar un proyecto de creación de un fondo de defensa de 1.000 millones de euros ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para aumentar el gasto militar. Este fondo, conocido como el Fondo de Apoyo a la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (Fores), tenía como objetivo impulsar la inversión en el sector de defensa y modernizar la industria española. Sin embargo, la falta de apoyo parlamentario ha llevado al PSOE a desistir de su propuesta, lo que refleja la creciente presión interna y externa sobre el Gobierno.
El contexto actual se caracteriza por un aumento de las exigencias de la OTAN, que ha solicitado a sus miembros elevar el gasto en defensa al 2% del PIB. En España, este porcentaje aún no se ha alcanzado, ya que la inversión en defensa se sitúa por debajo del 1,3%. A pesar de las promesas del presidente Pedro Sánchez de cumplir con este objetivo antes de 2029, la realidad es que el Gobierno se enfrenta a una oposición interna significativa, incluso dentro de su propia coalición.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la necesidad de incrementar el gasto militar, argumentando que es esencial para cumplir con los compromisos internacionales y fortalecer la capacidad de defensa del país. Sin embargo, la oposición de partidos como Sumar, Unidas Podemos, ERC y otros ha dificultado la aprobación de medidas que impliquen un aumento del presupuesto militar. Estos partidos han expresado su rechazo a la militarización y han abogado por destinar recursos a políticas sociales en lugar de a la defensa.
El Gobierno ha intentado sortear estas dificultades utilizando mecanismos que le permiten aumentar el gasto militar sin necesidad de pasar por el Parlamento. Por ejemplo, se ha recurrido a la resignación de fondos presupuestarios no ejecutados, lo que permite redirigir recursos a Defensa sin necesidad de una nueva aprobación legislativa. En la última reunión del Consejo de Ministros, se aprobó una transferencia de 2.084 millones de euros al Ministerio de Defensa, lo que demuestra la voluntad del Gobierno de seguir adelante con sus planes de gasto militar a pesar de la falta de consenso.
La creación del fondo Fores, que se retiró del debate parlamentario, tenía como finalidad no solo aumentar la inversión en defensa, sino también fomentar la creación de consorcios en programas estratégicos europeos y fortalecer la autonomía estratégica de Europa en materia de defensa. Sin embargo, la falta de apoyo ha puesto en riesgo estos objetivos y ha dejado al Gobierno en una posición complicada, ya que necesita cumplir con sus compromisos internacionales mientras enfrenta una creciente oposición interna.
La situación se complica aún más con las presiones externas, especialmente de Estados Unidos, que ha instado a sus aliados de la OTAN a aumentar su gasto en defensa. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha sugerido que el gasto debería alcanzar el 5%, lo que plantea un desafío considerable para España, que actualmente invierte alrededor de 19.723 millones de euros en defensa. Para cumplir con el objetivo del 2% del PIB, se requeriría un incremento de aproximadamente 30.000 millones de euros, lo que parece poco probable sin un cambio significativo en la política fiscal y presupuestaria del país.
La retirada del fondo de defensa es un claro indicativo de las tensiones dentro del Gobierno y de la dificultad de alcanzar un consenso en torno a la política de defensa. A medida que se intensifican las presiones tanto internas como externas, el futuro del gasto en defensa en España se presenta incierto. La necesidad de un enfoque equilibrado que contemple tanto la seguridad nacional como las necesidades sociales será crucial para el Gobierno en los próximos meses.
