La Fiscalía Provincial de Barcelona ha decidido presentar un recurso contra la reciente absolución de Dani Alves, exfutbolista del FC Barcelona, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta decisión se fundamenta en una supuesta infracción de precepto constitucional y de ley, lo que ha generado un nuevo capítulo en un caso que ha captado la atención mediática desde su inicio.
El 28 de marzo de 2025, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia que había condenado a Alves a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, ocurrida en diciembre de 2022. El tribunal consideró que había vacíos y contradicciones en el testimonio de la denunciante, lo que llevó a la revocación de la condena y a la declaración de inocencia del futbolista.
La defensa de Alves, liderada por su abogada Inés Guardiola, celebró la decisión del tribunal, afirmando que se había hecho justicia y que su cliente era inocente. Sin embargo, la Fiscalía no ha compartido esta opinión y ha decidido llevar el caso al Tribunal Supremo, buscando revertir la absolución y solicitar una pena más severa.
El caso ha estado marcado por una serie de giros y contradicciones. La denunciante había relatado que Alves la agredió sexualmente en un baño privado de la discoteca, pero el tribunal encontró inconsistencias en su testimonio, especialmente en relación con las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban una secuencia diferente a la descrita por la víctima. Según el fallo, estas inconsistencias afectaron la fiabilidad de su declaración y, por ende, la validez de la condena inicial.
La cronología de los hechos es compleja. Tras la denuncia, Alves fue encarcelado durante más de un año, hasta que logró salir bajo fianza de un millón de euros. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona había condenado al futbolista, basándose en el testimonio de la víctima, que afirmaba haber sido agredida a pesar de su resistencia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha considerado que el relato de la denunciante contenía un “desajuste” que afectaba la credibilidad de su versión.
El tribunal también observó otras inconsistencias, como la relación entre una herida en la rodilla de la víctima y el hecho de la agresión, así como la falta de pruebas que corroboraran un posible incidente de felación. Estas observaciones llevaron a la conclusión de que la agresión podría haberse producido de diversas maneras, lo que complicó aún más el caso.
La decisión de la Fiscalía de apelar la absolución de Alves refleja la complejidad del sistema judicial en casos de agresión sexual, donde las pruebas y los testimonios juegan un papel crucial. La lucha por la justicia en estos casos a menudo se ve afectada por la percepción pública y la cobertura mediática, lo que puede influir en la opinión de los jueces y en el proceso judicial en general.
A medida que el caso avanza hacia el Tribunal Supremo, se espera que se planteen cuestiones fundamentales sobre la interpretación de la ley y la validez de las pruebas presentadas. La absolución de Alves ha generado un debate sobre la protección de las víctimas de agresión sexual y la necesidad de garantizar un juicio justo para los acusados, un equilibrio delicado que el sistema judicial debe manejar con cuidado.
Este caso no solo afecta a las partes involucradas, sino que también tiene implicaciones más amplias sobre cómo se manejan los casos de agresión sexual en España. La atención mediática y el interés público en este caso continúan creciendo, lo que podría influir en futuras decisiones judiciales y en la forma en que se abordan estos casos en el futuro.
