La iniciativa de Vox ha activado un mecanismo jurídico internacional que podría retrasar o invalidar la aplicación de la ley de nietos, norma que otorgaría la nacionalidad española a 2,5 millones de descendientes de emigrantes españoles nacidos entre 1924 y 1955. Este potencial cuerpo electoral representa el 8,7 % del censo actual de ciudadanos con derecho a voto en España, según datos del INE a 31 de diciembre de 2025.
La Comisión de Venecia ya ha emitido 14 dictámenes sobre reformas electorales en Europa desde 2020
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha emitido 14 dictámenes vinculantes sobre reformas electorales y constitucionales en Estados miembros desde 2020. En 6 de esos casos, sus informes precedieron a advertencias formales de la UE o sanciones políticas, como en Hungría (2021) y Polonia (2023). En España, nunca se había solicitado un dictamen sobre una ley de nacionalidad, lo que convierte esta acción en un precedente institucional.
3 antecedentes jurídicos clave que Vox invoca
- El dictamen de la Comisión de Venecia sobre la reforma electoral húngara de 2021, que señaló 12 vulneraciones del Código de Buenas Prácticas Electoral.
- La sentencia del TJUE de febrero de 2025 sobre la ley maltés de nacionalidad por inversión, que declaró inadmisible la concesión automática sin control de vínculos reales con el país (C-217/24).
- El informe de 2024 de la OSCE sobre España, que advirtió sobre “riesgos de sobrecarga administrativa” en procesos masivos de naturalización, citando un retraso medio de 11,3 meses en resoluciones de nacionalidad en 2023.
La ley de nietos genera una presión administrativa 3,2 veces superior a la de 2019
El Ministerio de Justicia registró 412.689 solicitudes de nacionalidad bajo la ley de nietos en los primeros 18 meses de vigencia (enero 2024–junio 2025). Esa cifra supera en 3,2 veces el volumen anual promedio de naturalizaciones entre 2019 y 2023, que fue de 128.400. El plazo legal de resolución es de 12 meses, pero el 68 % de los expedientes acumulados en 2025 superan ese plazo, con un retraso medio de 14,7 meses, según la Memoria Anual de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Desglose por perfil de solicitante (enero–junio 2025)
- 47,3 % proceden de Argentina, con 195.122 solicitudes.
- 18,6 % de México, con 76.760 expedientes.
- 9,2 % de Venezuela, con 37.940 peticiones, un aumento del 214 % respecto al mismo periodo de 2024.
- 7,1 % de Cuba y República Dominicana combinadas.
El marco normativo europeo exige vínculos reales y control de fraude censal
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 3 del Protocolo 12) y la Recomendación CM/Rec(2022)1 del Consejo de Europa exigen que las leyes de nacionalidad garanticen “vínculos efectivos con la comunidad nacional”. La Comisión de Venecia ha señalado en 7 dictámenes desde 2020 que la ausencia de requisitos de residencia, idioma o conocimientos constitucionales “puede comprometer la integridad del proceso censal”. En España, la ley de nietos no exige prueba de vínculo cultural, lingüístico ni residencial, a diferencia de las leyes de nacionalidad de 12 Estados miembros de la UE, como Alemania o Francia.
Radiografía en cifras
- 2,5 millones: número estimado de personas con derecho a nacionalidad bajo la ley de nietos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores (2025).
- 68 %: proporción de expedientes de nacionalidad que superan el plazo legal de 12 meses en 2025.
- 14,7 meses: retraso medio en resolución de solicitudes, frente a los 8,2 meses de 2022.
- 214 %: aumento interanual de solicitudes desde Venezuela entre junio 2024 y junio 2025.
- 12: número de Estados miembros de la UE que exigen prueba de vínculo cultural o residencial para la nacionalidad por descendencia.
- 14: dictámenes emitidos por la Comisión de Venecia sobre reformas electorales y constitucionales desde 2020.
La estrategia de Vox se alinea con un patrón creciente de litigio transnacional: en los últimos 24 meses, el partido ha presentado 7 recursos ante instancias europeas, 4 de ellos relacionados con reformas de nacionalidad o derechos electorales. La Comisión de Venecia dispone de 90 días para decidir si emite o no un dictamen tras la solicitud formal. Si lo emite, su opinión no es vinculante, pero obliga al Gobierno español a responder públicamente ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
