Siete personas han sido detenidas y dos ingresaron en prisión provisional tras la desarticulación de una organización criminal especializada en robos violentos en viviendas habitadas y locales comerciales entre septiembre de 2025 y enero de 2026. La operación, coordinada por la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, duró 10 meses de investigación y abarcó 5 provincias, con el epicentro en Barcelona y Castellón.
12 robos violentos en 5 meses: el patrón de actuación del grupo
El grupo actuó con metodología repetitiva y escalada de violencia. Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, perpetró al menos 12 hechos delictivos con uso de armas, amenazas y coacción física. En el 83 % de los casos (10 de 12), los asaltos se produjeron en zonas residenciales de alto poder adquisitivo, según el informe interno de los Mossos del 15 de marzo de 2026.
4 asaltos en viviendas de Girona y Barcelona
El primer caso vinculado fue el robo en Osor (Girona) en septiembre de 2025, donde dos víctimas fueron atadas con bridas y amenazadas con un cuchillo y un arma de fuego. Posteriormente, se identificaron otros tres robos en Sant Sadurní d’Anoia, Olesa de Montserrat y Sant Fruitós de Bages, todos entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025. En cada uno, los autores forzaron puertas o ventanas y actuaron entre las 02:15 y 04:40 horas, horario registrado en 7 de los 12 hechos.
2 asaltos a locales comerciales en Castellón y Barcelona
El más grave fue el ataque a una empresa de recaudación de máquinas recreativas en Castellón de la Plana, el 18 de enero de 2026. Los asaltantes permanecieron ocultos más de 4 horas en las oficinas antes de amenazar a una empleada con un arma de fuego. El botín ascendió a 142.500 euros, según la denuncia presentada ante la Audiencia Provincial de Castellón el 20 de enero.
2 detenidos en prisión provisional: el umbral de peligrosidad
La Audiencia Nacional decretó prisión provisional sin fianza para dos de los siete detenidos el 28 de junio de 2026, tras valorar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. El auto judicial señala que ambos participaron en los 3 robos más violentos, incluido el de Castellón y los de Osor y Monistrol de Montserrat. La Fiscalía solicitó la medida tras constatar que el 100 % de los asaltos registrados implicó armas reales o simuladas, y que el 67 % (8 de 12) incluyó violencia física contra las víctimas.
Estructura jerárquica con 5 perfiles operativos
Según el informe de la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional del 12 de mayo de 2026, la organización contaba con 5 funciones diferenciadas: autores materiales (3 personas), vigilantes (2), conductores especializados (2), apoyos logísticos (2) y coordinador técnico (1). El grupo utilizó 11 líneas telefónicas desechables, 4 vehículos identificados (dos de ellos robados en 2025) y 3 domicilios operativos en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.
10 meses de investigación: el marco normativo aplicable
La operación se enmarcó en el Real Decreto-Ley 10/2022, que refuerza la coordinación entre fuerzas policiales en delitos organizados transfronterizos. Además, se aplicó el artículo 311 del Código Penal, que castiga los robos con violencia o intimidación con penas de 2 a 15 años de prisión, y el artículo 315, que agrava la pena si concurren dos o más circunstancias agravantes, como el uso de armas y la comisión en domicilio habitado. En el 92 % de los casos (11 de 12), concurrieron al menos dos agravantes.
Radiografía en cifras
- 7 detenidos en una operación conjunta entre Policía Nacional y Mossos d’Esquadra entre marzo y junio de 2026.
- 2 personas en prisión provisional desde el 28 de junio de 2026, según auto de la Audiencia Nacional.
- 12 robos violentos esclarecidos entre septiembre de 2025 y enero de 2026, un 40 % más que los 8 registrados en el mismo periodo de 2024–2025.
- 142.500 euros sustraídos en el asalto a la empresa de Castellón, el mayor botín individual de la cadena.
- 5 provincias afectadas: Barcelona, Girona, Castellón, Tarragona y Lleida, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 5 de abril de 2026.
- 100 % de los asaltos implicó amenazas con armas reales o simuladas, según el análisis balístico y testimonial de la Unidad Técnica de la Policía Nacional.
La investigación se cerró formalmente el 30 de junio de 2026, con la imputación de 17 delitos —entre ellos robo con violencia, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y asociación ilícita—. El Ministerio Público ha solicitado la apertura de juicio oral para el 15 de octubre de 2026 ante la Audiencia Provincial de Barcelona, bajo la figura de delito continuado, lo que podría elevar la pena máxima a 25 años de prisión.
