El bombero de la Generalitat Albert Santamaría, de 46 años, falleció el 9 de febrero de 2026 en una habitación del hospital de Manresa, tras 4 semanas consecutivas de ingresos y pruebas médicas sin diagnóstico concluyente. Su muerte desencadenó una investigación secreta de 4 meses por parte de los Mossos d’Esquadra en Manresa y la región central, culminando en la detención de su esposa —enfermera de la UCI del mismo hospital— el 27 de junio de 2026.
46 años de vida y 17 años de servicio activo en Bombers de la Generalitat
Albert Santamaría ingresó en el cuerpo en 2009, tras superar las pruebas de acceso con nota 9,4/10 en el examen físico. Durante sus 17 años de servicio, pasó por 5 parques distintos, incluidos los de Terrassa y Manresa, y formó parte del GRAE (Grup de Recolzament d’Actuacions Especials) desde 2015, especializado en rescates en zonas de difícil acceso. Sus compañeros lo describían como “siempre el primero en entrar y el último en salir”, según declaraciones oficiales del sindicato USTEC recogidas el 12 de febrero de 2026.
4 semanas de síntomas progresivos y 0 diagnósticos certeros
El 16 de enero de 2026, Santamaría sufrió su primer episodio grave: perdió el control del vehículo en una rotonda de Sant Salvador de Guardiola a las 09:12 horas, tras reportar somnolencia extrema y desorientación. Fue trasladado al hospital Sant Camil de Vilafranca, donde se le practicaron 12 pruebas diagnósticas distintas en 72 horas, incluida punción lumbar, TAC craneal y resonancia magnética. Ninguna detectó alteraciones neurológicas, metabólicas ni infecciosas. Entre el 27 de enero y el 9 de febrero, ingresó 3 veces más en centros sanitarios de la provincia de Barcelona, con un total de 28 análisis clínicos y 9 consultas con neurólogos y psiquiatras, sin hallazgo etiológico.
1 detención, 0 testigos directos y 3 informes forenses clave
La detención de su esposa se produjo tras la confrontación de 3 informes forenses independientes, elaborados entre marzo y junio de 2026, que identificaron niveles anómalos de midazolam (un benzodiazépico de acción rápida) en muestras de sangre post mortem y en restos de medicación encontrados en su domicilio. El informe del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, fechado el 18 de junio, confirmó concentraciones de 142 ng/mL —7,3 veces por encima del umbral terapéutico máximo—. Un segundo informe, del Laboratorio Central de la Generalitat, detectó trazas del fármaco en 3 de 4 muestras de orina congelada del fallecido, recolectadas entre el 20 y el 25 de enero. Un tercero, del Instituto Nacional de Toxicología, vinculó el patrón de administración con “dosis repetidas y no prescritas”, con una probabilidad estadística de coincidencia accidental inferior al 0,004%.
Radiografía en cifras
- 46 años: edad del bombero Albert Santamaría al fallecer, el 9 de febrero de 2026.
- 4 meses: duración de la investigación secreta de los Mossos d’Esquadra, desde febrero hasta junio de 2026.
- 12 pruebas diagnósticas: realizadas en las primeras 72 horas tras su primer ingreso hospitalario, el 16 de enero.
- 142 ng/mL: concentración de midazolam hallada en sangre post mortem, frente al límite terapéutico de 19,5 ng/mL.
- 3 informes forenses: emitidos por instituciones independientes entre marzo y junio de 2026, todos coincidentes en la sospecha de administración no consentida.
- 0 diagnósticos certeros: emitidos por los equipos médicos durante sus 4 ingresos hospitalarios entre enero y febrero.
Marco normativo y precedentes cuantificados
El caso se enmarca en el Artículo 139 del Código Penal español, que tipifica el homicidio como delito con pena de 15 a 25 años de prisión, y en la Ley 1/2015 de Protección de las Víctimas de Violencia de Género, aplicable por la relación de pareja y la condición de profesional sanitario de la acusada. En Cataluña, desde 2023, los casos de presunta intoxicación en entornos clínicos requieren notificación obligatoria al Servei de Protecció de Menors i Persones Vulnerables (SPMPV), lo que no ocurrió en este caso —un fallo administrativo que el Sindicato de Médicos de Cataluña denunció el 30 de mayo de 2026, tras conocerse la detención. En los últimos 5 años, solo 2 casos similares de presunta administración no consentida de fármacos sedantes por personal sanitario han llegado a juicio en España: uno en Madrid (2022, con sentencia de 22 años) y otro en Valencia (2024, con 19 años).
La investigación sigue abierta para determinar si hubo otros episodios previos no documentados. El juzgado de instrucción número 2 de Manresa ha fijado la vista preliminar para el 15 de julio de 2026, con previsión de juicio oral antes de octubre.
