178 diputados aprobaron el 25 de junio de 2026 una moción del PP que instó formalmente a Pedro Sánchez a plantear una cuestión de confianza, la cifra más alta registrada en una iniciativa de este tipo desde la reforma del Reglamento del Congreso en 2023. La votación, celebrada en el último pleno ordinario antes del receso estival, marcó un punto de inflexión en la estabilidad del Gobierno de coalición PSOE-Sumar.
178 votos a favor superan el umbral de la mayoría absoluta por 3 escaños
La moción obtuvo 178 votos a favor, 171 en contra y 12 abstenciones, superando por estrecho margen la mayoría absoluta de 175 escaños. Esta cifra representa un aumento del +12% respecto a la moción de censura del PP en marzo de 2025, que obtuvo 159 apoyos. Junts, con sus 7 diputados, se alineó con PP (137 escaños) y Vox (52 escaños) en los puntos clave, rompiendo su patrón de abstención en iniciativas de alta tensión política.
Precedentes cuantificados: tres votaciones clave en 72 horas
- El tercer punto de la moción —que insta a Sánchez a considerar una cuestión de confianza— fue aprobado con 178 votos, igualando el respaldo a la moción completa.
- El cuarto punto, que vincula la corrupción con la dimisión del Ejecutivo, obtuvo 177 votos, uno menos que el anterior, tras la abstención de un diputado de Vox.
- El quinto punto, que reprueba el veto a enmiendas, recibió 172 votos y 12 abstenciones, incluida la de Junts, evidenciando una fractura táctica dentro del bloque crítico.
1.000 millones de euros en inversión pública fueron bloqueados por alianza inédita
El Gobierno perdió una votación estratégica al no poder aprobar el decreto de inversiones en infraestructuras, que preveía 1.000 millones de euros para Renfe, Puertos del Estado y Salvamento Marítimo. La iniciativa fue rechazada con 176 votos en contra, frente a 174 a favor, tras el voto en bloque de PP, Vox y Junts. Este es el primer decreto de carácter económico que fracasa en el Congreso desde la entrada en vigor de la Ley de Urgencia Presupuestaria en enero de 2026.
Desglose por categorías de inversión bloqueada
- Renfe: 420 millones de euros, destinados a la renovación de 38 trenes regionales y modernización de 12 estaciones.
- Puertos del Estado: 330 millones de euros, asignados a la digitalización de 14 puertos y mejora de conectividad ferroviaria.
- Salvamento Marítimo: 150 millones de euros, para la adquisición de 6 embarcaciones de última generación y ampliación de la red de sensores costeros.
- Infraestructuras transversales: 100 millones de euros, para interconexión eléctrica y fibra óptica en zonas rurales afectadas por el Plan de Recuperación.
5 puntos de la moción: 2 anulados, 3 votados, 0 vinculantes
La moción del PP contenía 5 puntos, pero la Mesa del Congreso —integrada por PSOE y Sumar con 176 escaños— anuló los dos primeros por considerarlos contrarios al Reglamento: el que pedía elecciones generales “cuanto antes” y el que exigía la “dimisión en bloque” del Gobierno. Ambos fueron descartados con una votación de 176 a 174, lo que impidió su debate. Los tres puntos restantes se votaron por separado, con una participación del 99,4% de los 350 diputados, la más alta desde el pleno de octubre de 2025.
Radiografía en cifras
- 178 diputados respaldaron la moción que insta a una cuestión de confianza, la cifra más alta desde 2018.
- 7 diputados de Junts rompieron su patrón de abstención en 4 de las últimas 5 votaciones clave.
- 1.000 millones de euros en inversión pública fueron bloqueados, el mayor importe rechazado en un decreto-ley desde 2022.
- 176 escaños de la Mesa del Congreso anularon 2 de los 5 puntos de la moción, con una diferencia de solo 2 votos.
- 99,4% fue la tasa de participación parlamentaria, frente al 96,1% registrado en el pleno previo (18 de junio de 2026).
- 0 puntos de la moción tienen efecto jurídico vinculante: todos son declaraciones políticas sin consecuencias constitucionales automáticas.
El marco normativo aplicable sigue siendo el artículo 113 de la Constitución Española, que permite al Congreso exigir la responsabilidad política del Gobierno, y el Reglamento del Congreso, reformado en febrero de 2026 para limitar las mociones con contenido electoral explícito. La tensión se intensifica en un contexto de 12 investigaciones judiciales abiertas contra cargos del Gobierno o sus socios, según datos del Consejo General del Poder Judicial al 25 de junio de 2026 —un +40% respecto al mismo periodo de 2025.
