52 entidades públicas y privadas han unido fuerzas para exigir la reanudación urgente de la variante de la A-23 en Sabiñánigo, una infraestructura que lleva paralizada 6 meses desde noviembre de 2025 y que se encuentra al 98% de su ejecución física.
Esta interrupción ha generado un colapso funcional en el acceso al Pirineo: desde julio de 2025, dos de los cuatro accesos principales a Sabiñánigo permanecen cerrados, afectando a más de 25.000 habitantes y a 1.200 empresas registradas en el Alto Gállego.
6 meses de parálisis en una obra con 98% de avance físico
La variante norte de Sabiñánigo —diseñada para conectar las autovías A-21 y A-23— fue aprobada en 2021 con un presupuesto inicial de 218 millones de euros, financiado al 85% por fondos europeos NextGenerationEU. Su finalización estaba prevista para marzo de 2026, pero el bloqueo ha retrasado la entrega en al menos 9 meses, según estimaciones técnicas de la Dirección General de Carreteras.
El estancamiento se originó por un desacuerdo entre el Ministerio de Transportes y la UTE Rover-Aldesa sobre un tercer modificado del contrato, que implica un incremento de costes de 14,3 millones de euros. El Ministerio no ha autorizado el desembolso desde el 15 de noviembre de 2025, fecha en que se detuvo toda actividad en obra.
Precedentes cuantificados: 3 años de retrasos acumulados
- En 2023, el proyecto sufrió un primer retraso de 5,2 meses por litigios en expropiaciones.
- En 2024, se acumularon 3,7 meses adicionales por demoras en la aprobación de modificaciones técnicas.
- Desde noviembre de 2025, la paralización total suma 6,1 meses consecutivos, superando el récord histórico de inactividad en infraestructuras de la red radial estatal en Aragón.
25.000 habitantes afectados por la pérdida de 2 accesos clave
La ciudad de Sabiñánigo, con una población de 14.820 habitantes (INE 2025), depende críticamente de la A-23 para su conectividad. La clausura de los accesos Este y Oeste desde julio de 2025 ha elevado un 37% el tiempo medio de desplazamiento en el núcleo urbano, según datos del Observatorio de Movilidad de Aragón.
Además, el cierre ha impactado directamente en el sector turístico: el valle de Tena registró una caída del 22% en pernoctaciones durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. El 78% de los turistas extranjeros acceden al valle vía Sabiñánigo, según el Instituto Aragonés de Turismo.
Desglose por sectores afectados
- Empresarial: 1.200 empresas del Alto Gállego reportan un aumento medio del 19% en costes logísticos.
- Agrario: 47 cooperativas han reducido un 12% su capacidad de transporte de productos perecederos.
- Sanitario: El traslado de pacientes al Hospital de Barbastro se ha alargado 28 minutos en promedio, superando el umbral de 60 minutos establecido por el Plan de Emergencias Sanitarias de Aragón.
Radiografía en cifras
- 52 entidades han firmado el manifiesto conjunto, incluyendo 14 ayuntamientos, 8 asociaciones empresariales y 5 organizaciones agrarias.
- 98% de ejecución física alcanzada en la variante, con 12,4 km de los 12,6 km totales ya construidos.
- 6,1 meses consecutivos de paralización total, desde el 15 de noviembre de 2025 hasta la fecha de redacción.
- 2 de los 4 accesos principales a Sabiñánigo permanecen cerrados desde julio de 2025.
- 14,3 millones de euros es la cuantía del tercer modificado del contrato en disputa.
- 37% de aumento en el tiempo medio de desplazamiento urbano, según mediciones del 2026.
El marco normativo que rige la paralización
El bloqueo se produce en un contexto de estricto cumplimiento del Real Decreto-Ley 3/2022, que exige la justificación técnica y financiera de cada modificado superior al 5% del presupuesto inicial. El Ministerio de Transportes ha aplicado el artículo 124.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que condiciona la aprobación a la verificación de la necesidad técnica y la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advirtió en su informe 2025/112 que el 92% de los fondos europeos asignados ya están comprometidos, lo que habilita el desembolso bajo el régimen de ejecución acelerada previsto en el Reglamento (UE) 2021/241.
El proyecto también está sujeto a la Directiva 2014/52/UE de evaluación ambiental estratégica, cuya revisión final se completó en octubre de 2025. Ningún recurso contencioso ambiental está activo, lo que descarta obstáculos legales externos al desacuerdo contractual.
