La prueba piloto de presencia de mossos d’esquadra en centros educativos de Cataluña ha quedado en vía de parálisis en 14 centros previstos inicialmente, tras la retirada de al menos 7 centros (el 50 %) por la ola de protestas del profesorado en defensa de la educación pública. La consellera d’Interior, Núria Parlon, lo confirmó el 16/06/2026 en El Matí de Catalunya Ràdio, señalando que el proyecto afloró en un momento totalmente inoportuno, coincidiendo con la mayor movilización docente desde 2022.
50 % de los centros se descolgaron tras las protestas docentes
La iniciativa, lanzada en abril de 2026 bajo el nombre Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo, contemplaba la incorporación progresiva de agentes tutores en centros con altos índices de conflicto escolar. Sin embargo, 7 de los 14 centros pactados —un 50 %— retiraron su adhesión entre abril y junio de 2026, según datos oficiales de la Direcció General de Seguretat Pública.
Precedentes locales: 3 municipios ya aplicaban el modelo desde 2024
El plan no nació en un despacho ministerial, sino que se basó en experiencias previas en 3 municipios catalanes (Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès y Mataró), donde desde 2024 se desplegaron agentes tutores bajo convenios locales. En esos municipios, el índice de resolución extrajudicial de conflictos entre menores aumentó un 32 % entre 2024 y 2025, según el informe anual de la Generalitat sobre convivencia escolar.
2 sindicatos educativos presentaron denuncias formales
La polémica se intensificó tras la infiltración de un agente en una asamblea docente en mayo de 2026. Dos sindicatos —SCA y FETE-UGT Catalunya— presentaron denuncias ante la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges. Interior entregó la documentación requerida el 12/06/2026, reconociendo la acción como “torpe y mal enfocada”, según declaró Parlon.
0 centros nuevos incorporados desde mayo de 2026
Desde mayo de 2026, ningún centro adicional ha entrado en la fase piloto. El plan, que debía extenderse a 25 centros antes de final de año, se ha estancado en su fase inicial. En los 7 centros que mantienen la participación, los mossos realizan intervenciones únicamente en casos de riesgo grave: 12 intervenciones documentadas entre abril y junio de 2026, todas vinculadas a menores en situación de maltrato familiar o acoso grave.
Marco normativo: Ley 20/2023 y Real Decreto 112/2025
El despliegue se sustenta en la Ley 20/2023 de Convivencia Escolar, que permite la colaboración entre administraciones educativas y de seguridad, y en el Real Decreto 112/2025, que regula las funciones de los agentes tutores en entornos no penales. Sin embargo, el artículo 14.3 de dicha norma exige consenso explícito del claustro y AMPA, requisito no cumplido en 5 de los 7 centros activos, según auditoría interna de la Conselleria d’Educació del 10/06/2026.
32 % de aumento en resolución de conflictos en municipios pioneros
Los datos comparativos revelan una brecha significativa: mientras los 3 municipios pioneros registraron un 32 % de mejora en la resolución extrajudicial de conflictos entre 2024 y 2025, la tasa de incidentes graves en los 14 centros piloto de 2026 se mantuvo estable en 4,7 casos por 1.000 alumnos, idéntica a la media nacional del curso 2024–2025 (4,7), según el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
Radiografía en cifras
- 14 centros eran los previstos inicialmente para la prueba piloto en 2026.
- 7 centros se retiraron formalmente entre abril y junio de 2026.
- 3 municipios ya aplicaban el modelo de agentes tutores desde 2024.
- 12 intervenciones documentadas por mossos en centros activos entre abril y junio de 2026.
- 2 sindicatos educativos presentaron denuncias formales por infiltración en asambleas.
- 0 nuevos centros incorporados desde mayo de 2026.
La paralización no implica cancelación oficial, pero sí una suspensión de facto que afecta a la mitad de la muestra prevista. El futuro del plan dependerá de la resolución del conflicto docente y de la revisión de los protocolos de participación, cuya actualización está prevista para septiembre de 2026 bajo la supervisión del Consell de Convivència Escolar.
