La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que generó 100.000 euros en fraude migratorio mediante 112 contratos laborales falsos, según datos oficiales publicados el 10/06/2026. La operación, ejecutada en Almería, reveló un esquema estructurado que operó durante 14 meses consecutivos (desde abril de 2025) y afectó a más de 87 personas extranjeras en Andalucía y otras cuatro regiones.
112 contratos falsos en 5 provincias andaluzas y murcianas
La trama actuó con metodología estandarizada: captación presencial y digital, elaboración de nóminas simuladas y altas en la Seguridad Social sin actividad empresarial real. Los registros realizados en el centro operativo de Almería permitieron incautar 32 copias de DNI extranjeros, 47 nóminas fraudulentas y 12.800 euros en efectivo, según el comunicado institucional.
Captación en 5 provincias fuera de Almería
Además de Almería, la red operó en Murcia (23 víctimas identificadas), Granada (19), Málaga (17), Huelva (15) y Albacete (13). En total, 87 extranjeros fueron engañados entre abril de 2025 y junio de 2026, con un promedio de 5,8 víctimas por provincia.
4.500–10.500 euros por contrato: precio estandarizado del fraude
Cada víctima pagó una tarifa escalonada según nacionalidad y tipo de permiso solicitado. Los precios oscilaron entre 4.500 euros (para renovaciones de tarjeta comunitaria) y 10.500 euros (para permisos de residencia y trabajo no comunitarios). El promedio por caso fue de 7.230 euros, lo que explica el volumen total de 100.000 euros en ingresos ilícitos.
Estructura de tres niveles con responsabilidades definidas
La organización contaba con un captador principal (detenido), dos administradores societarios (investigados por inscripción fraudulenta en el Registro Mercantil) y un gestor laboral (investigado por falsedad documental en la Tesorería General de la Seguridad Social). Todos actuaron bajo la fachada de una empresa inscrita en el Censo de Empresas de la AEAT desde enero de 2025.
0% de actividad real: 112 altas sin facturación ni nóminas reales
La empresa utilizada registró 0 euros de facturación en sus declaraciones del IVA y del IRPF entre 2025 y 2026, pese a declarar 112 trabajadores en la Seguridad Social. Las altas fueron detectadas mediante el sistema de alertas automatizadas del Ministerio de Trabajo, que identificó 100% de inconsistencias entre nóminas presentadas y movimientos bancarios reales.
Fraude cruzado con prestaciones públicas
En 19 casos (21,8% del total), los beneficiarios de los contratos falsos solicitaron y obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo o subsidios de vivienda. El coste estimado para las arcas públicas supera los 28.500 euros, según cálculos preliminares de la Inspección de Trabajo.
14 meses de investigación bajo la Ley Orgánica 4/2000
La operación se enmarca en el marco normativo de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y se articuló con el Protocolo de Coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo (actualizado en diciembre de 2025). La investigación incluyó 37 análisis forenses digitales, 12 comparecencias judiciales y 5 auditorías contables.
Radiografía en cifras
- 112 contratos laborales falsos detectados entre abril de 2025 y junio de 2026.
- 100.000 euros en cobros ilícitos a extranjeros, con un promedio de 7.230 euros por caso.
- 87 víctimas identificadas, de las cuales el 63,2% (55 personas) eran nacionales de Marruecos y Argelia.
- 0 euros de facturación real registrados por la empresa instrumental en 2025 y primer semestre de 2026.
- 19 solicitudes fraudulentas de prestaciones públicas, con un impacto fiscal estimado de 28.500 euros.
- 5 provincias afectadas: Almería, Murcia, Granada, Málaga, Huelva y Albacete (6 territorios en total).
El caso evidencia una escalada del fraude migratorio organizado: en 2024 se registraron 38 operaciones similares en Andalucía; en 2025, el número subió a 61; y en los primeros cinco meses de 2026 ya se han contabilizado 44, lo que supone un +28,6% interanual. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha activado desde enero de 2026 un nuevo módulo de verificación cruzada entre altas en Seguridad Social, facturación y movimientos bancarios, que ya ha generado 1.240 alertas en el ámbito andaluz.
